De las 59 medidas urgentes planteadas por el Consell, solo 20 recibieron el visto bueno de Madrid
El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a decir “no” a la Generalitat Valenciana. Un año después de la riada del 29 de octubre.
Las comarcas afectadas siguen esperando la ayuda prometida por el Ejecutivo central. La mayoría de las peticiones fueron rechazadas. De las 59 medidas urgentes planteadas por el Consell, solo 20 recibieron el visto bueno de Madrid. Dos de cada tres fueron vetadas.
El rechazo afecta a ámbitos esenciales como vivienda, sanidad, servicios sociales, infraestructuras, cultura y transporte público. El Ejecutivo valenciano impulsó varios grupos de trabajo con el Gobierno central para coordinar la reconstrucción tras la DANA. El objetivo era ofrecer respuestas rápidas a las familias, empresas y ayuntamientos golpeados por las inundaciones.
Sin embargo, las promesas se han convertido en papel mojado. Los ministerios han olvidado los compromisos adquiridos con el Consell.
La inversión estatal en las zonas afectadas ha sido mínima, obligando a la Generalitat a asumir el grueso del gasto de reconstrucción. El Consell ha tenido que destinar más de 600 millones para recuperar 18 carreteras autonómicas y restablecer el servicio de metro.
Además, prepara proyectos de prevención ante futuros episodios extremos que podrían alcanzar los 2.000 millones de euros.
Entre las peticiones rechazadas destacan 175 millones para equipar colegios e institutos dañados por la riada del 29-O. También se negaron 45 millones para cubrir prestaciones por dependencia y ayudas a familias con gastos imprevistos.
El Gobierno central dijo “no” a los 250 millones solicitados para reparar residencias, centros de día e infraestructuras sociosanitarias. Tampoco aprobó los 2,6 millones destinados a crear un centro de acogida temporal para los vecinos que perdieron su casa.
La Generalitat pidió acceso a 1.050 viviendas de la Sareb para realojos. Madrid solo cedió 186, ignorando la magnitud del problema. Los proyectos de mejora en carreteras, depuradoras, puertos y parques naturales han sido financiados únicamente con fondos autonómicos.
La línea C3 de Cercanías sigue sin servicio completo. El plan para soterrar vías en Alfafar y Sedaví continúa paralizado.
También fue rechazada la cofinanciación de la tarjeta gratuita de transporte Recuperem València y otras actuaciones urbanas.
Los 340 millones para reparar infraestructuras agrarias y caminos rurales dañados quedaron fuera de las ayudas estatales. El Gobierno tampoco atendió las solicitudes de apoyo al sector hostelero, ni las ayudas para el patrimonio cultural valenciano.
En total, las negativas de Moncloa obligan al Consell a endeudarse en más de 4.000 millones para continuar las obras.
Para más agravio, 28 municipios afectados quedaron excluidos del plan estatal de reconstrucción pese a los daños sufridos. El Estado maneja un presupuesto doce veces superior al valenciano, pero la Generalitat asume sola la carga de la recuperación.
La Comunitat, además, sigue siendo la región peor financiada del país y sin reformas del sistema autonómico a la vista. Un año después de la tragedia, los valencianos siguen esperando el apoyo prometido. Pero el Gobierno de Sánchez sigue mirando a otro lado.
