La relación entre Estados Unidos bajo Donald Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa un momento cada vez más frío. Uno de los principales motivos del distanciamiento diplomático tiene que ver con contratos firmados en España con Huawei.
El Ministerio para la Transformación Digital anuló un contrato destinado a mejorar fibra óptica en instituciones públicas. El proyecto incluía servicios en organismos como el Ministerio de Defensa mediante equipos de la compañía china Huawei. Huawei se encuentra bajo escrutinio de Estados Unidos y de la Unión Europea por riesgos en materia de seguridad.
La decisión de anularlo se conoce semanas después de que se adjudicara a Huawei la gestión de escuchas judiciales. Ese contrato, valorado en 12,3 millones de euros, asignaba a la firma china el almacenamiento de interceptaciones telefónicas.
Red.es había aprobado el 25 de agosto otra adjudicación de 10 millones a Telefónica para instalar equipos Huawei.
La infraestructura afectada era la red pública de fibra óptica RedIRIS, con más de 16.000 kilómetros en todo el país. RedIRIS conecta a cinco millones de profesionales en universidades y centros de investigación, además del Ministerio de Defensa. El Gobierno revirtió la adjudicación por “motivos de estrategia digital y autonomía estratégica”, según confirmó el Ministerio.
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En la Plataforma de Contratación aún figura la adjudicación, pero no la cancelación, y Telefónica no recibió notificación. El contrato se negoció de forma directa con Telefónica como ampliación de un acuerdo previo de 2020 con Huawei.
Ese acuerdo anterior ya había permitido a Telefónica instalar equipos de la empresa china por valor de 5,5 millones.
La licitación tenía como objetivo ampliar routers Huawei de RedIRIS-NOVA elevando conectividad de 100 Gbps a 400 Gbps. Red.es justificó la elección exclusiva de Huawei porque la red ya funciona con esos equipos y Telefónica da soporte.
El crecimiento del tráfico exigía mejoras por proyectos de supercomputación, conexiones militares y nuevos servicios en ciberseguridad. También incluía servicios de blockchain y administración electrónica, con impacto en centros del Ministerio de Defensa. El contrato se lanzó el 24 de julio, tras advertencias de Estados Unidos sobre riesgos de seguridad con Huawei.
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Días antes, Interior había adjudicado a Huawei 12,3 millones por almacenar comunicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
A diferencia de otros países europeos, España no ha vetado a Huawei pese a las recomendaciones de la Unión Europea.
Países como Alemania, Suecia, Estonia, Lituania, Rumanía y Dinamarca han señalado a Huawei como proveedor de riesgo. Estados Unidos mantiene vetos a la compañía desde 2019, acusándola de vínculos con el gobierno chino y posible espionaje.
La anulación del contrato refleja tensiones crecientes entre el Gobierno español y la administración de Donald Trump.
