El Gobierno quiere evitar las filtraciones del caso Begoña y del hermano de Sánchez

El gobierno de Pedro Sánchez  enfrenta una de las crisis más delicadas de su mandato. Las investigaciones judiciales que involucran a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, han generado una tormenta mediática.

Estas investigaciones, relacionadas con presuntos casos de corrupción. Se han visto sacudidas por filtraciones constantes de información confidencial. Lo que ha llevado al gobierno a tomar medidas drásticas para controlar la narrativa y evitar que los detalles más comprometedores lleguen a medios críticos.

El temor a las filtraciones y la reacción judicial

Begoña Gómez, quien está siendo investigada por su relación en el denominado Caso Koldo. Además de presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, ha manifestado su indignación en varias ocasiones. Esto no solo la ha puesto en el foco público, sino que ha intensificado las tensiones entre el entorno presidencial y el poder judicial.

Por su parte, David Sánchez, hermano del presidente, está siendo investigado por presunto tráfico de influencias en la Diputación de Badajoz. Las autoridades judiciales han incautado correos electrónicos entre 2016 y 2022 que podrían revelar detalles comprometidos sobre su contratación. Ante el temor de que estas pruebas lleguen a los medios de comunicación, tanto el gobierno como las partes involucradas buscan impedir que la información confidencial sea filtrada a la prensa.

La jueza Beatriz Biedma, encargada del caso de David Sánchez, ha mostrado su preocupación por el impacto mediático de estas filtraciones. Ha advertido a las partes sobre las posibles sanciones que se aplicarán si se difunden los correos electrónicos de Sánchez. Ya que estos podrían comprometer a otros funcionarios y entidades no investigadas.

Según fuentes judiciales, la jueza ha solicitado a la UCO que investigue cualquier filtración futura relacionada con el caso.

El doble rasero en las investigaciones judiciales

Uno de los puntos más controvertidos es la percepción de que hay un doble estándar en el tratamiento judicial de los casos. Sobre todo en los que involucran a miembros del PSOE, como Pedro Sánchez y su entorno cercano.

Esto ha generado un creciente malestar entre algunos sectores políticos y mediáticos. Que ven en estas medidas un intento del gobierno por controlar el relato y limitar el acceso a la información de los casos más comprometidos.

Aitor Guisasola, abogado y activista conocido por sus críticas al gobierno, ha sido señalado como una de las figuras que ha divulgado información confidencial sobre el caso de Begoña Gómez. Guisasola publicó en redes sociales un auto judicial que levantaba el secreto del sumario. Lo que provocó la ira de los abogados de la familia Sánchez.

En respuesta, la Fiscalía ha solicitado que se investigue a Guisasola por un posible delito de revelación de secretos, lo que podría acarrearle sanciones penales.

La estrategia del gobierno para controlar el daño

El equipo legal de Pedro Sánchez ha respondido con una estrategia clara limitar la divulgación de información a cualquier precio. Para ello, se ha solicitado que se impongan sanciones severas a aquellos que revelen datos de las investigaciones en curso.

Este enfoque, aunque legalmente defendible bajo el marco del artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ha generado una fuerte reacción entre los medios de comunicación y la opinión pública, que perciben estos movimientos como un intento de censura.

La prensa crítica ha puesto en entredicho la legitimidad de estas acciones. Afirmando que el gobierno busca proteger a sus miembros más cercanos de posibles consecuencias legales.

La fórmula del secreto de sumario, diseñada para preservar la integridad de las investigaciones y garantizar la presunción de inocencia. Se está utilizando, según algunos observadores, para silenciar a los críticos y proteger a figuras clave del entorno presidencial.