En plena escalada migratoria y bajo el escrutinio de la gestión de fronteras, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la inversión de 350.000 euros, provenientes de fondos europeos Next Generation. Para estudiar la viabilidad financiera de un túnel que uniría España con Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar. El encargo ha sido adjudicado a la empresa pública Ineco, especializada en infraestructuras.
La propuesta de un enlace fijo entre Europa y África ha sido reactivada con fuerza tras reuniones bilaterales entre los gobiernos de España y Marruecos. El túnel proyectado tendría una longitud estimada de hasta 60 kilómetros, conectando la zona de Algeciras o Tarifa con Tánger. A pesar de sus riesgos sísmicos y geológicos.
El Ejecutivo vuelve a impulsar la iniciativa, con la esperanza de culminarla en el horizonte de 2030, coincidiendo con el Mundial de Fútbol España-Marruecos-Portugal.
Desde sectores críticos se denuncia que esta inversión no solo es innecesaria en el actual contexto económico, sino que responde a una estrategia geopolítica de cesión ante Marruecos. País que ha intensificado la presión migratoria y territorial en Ceuta, Melilla y Canarias. El análisis incluirá posibles ingresos por cánones ferroviarios y actividades comerciales, pero aún no se ha detallado el coste total del proyecto, que podría ascender a 15.000 millones de euros.
La asignación del dinero ha causado polémica por su origen: se trata de fondos europeos supuestamente destinados a la recuperación económica tras la pandemia. En cambio, se están utilizando para estudiar una infraestructura internacional con fuerte componente político. Ineco deberá presentar un anteproyecto antes de 2026 con propuestas técnicas, alternativas de trazado y estimaciones de rentabilidad.
Desde la oposición ya se habla de “despilfarro ideológico” y “prioridades equivocadas”. “Mientras las listas de espera sanitarias aumentan y los jóvenes no pueden acceder a una vivienda digna, Sánchez invierte dinero público en proyectos megalómanos con Marruecos”, ha denunciado un portavoz parlamentario.
