
El Gobierno impulsa una comisión por el apagón mientras evita señalar a Red Eléctrica
Pedro Sánchez prometió una investigación “transparente”, pero se ha evitado toda alusión directa a sus operadores eléctricos de confianza
PSOE y Sumar registraron en el Congreso una comisión para investigar el apagón del 28 de abril que dejó sin luz a gran parte de España. La iniciativa busca esclarecer las causas y responsabilidades del corte energético, pero no apunta directamente a ningún operador concreto.
Aunque se habla de evaluar fallos, sorprende la cautela con la que se menciona a las grandes compañías eléctricas y gestoras de red. El corte afectó a millones de ciudadanos y empresas, pero el Gobierno insiste en no apresurarse a señalar culpables ni exigir dimisiones.
Durante el fallo, se perdieron 15 gigavatios en apenas segundos; un colapso técnico que ni Red Eléctrica ni el CNI han logrado explicar aún. Pedro Sánchez prometió una investigación “transparente”, pero se ha evitado toda alusión directa a sus operadores eléctricos de confianza.
El texto propuesto por PSOE y Sumar habla de responsabilidades “en general”, sin apuntar con claridad a posibles negligencias conocidas. Además de investigar el suceso, la comisión analizará la respuesta de las Administraciones, sin detallar fallos específicos del Gobierno.
Se incluyen también efectos económicos y sociales, pero sin concretar qué empresas causaron mayores perjuicios con su falta de reacción. Los partidos oficialistas han evitado incluir nombres o exigir comparecencias obligatorias de altos cargos de Red Eléctrica o Iberdrola.

La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, antigua ministra socialista, ya ha defendido la “solidez” del sistema sin autocrítica. Desde la oposición se denuncia que la comisión parece diseñada para desviar el foco de las verdaderas responsabilidades técnicas.
El PP critica que el Gobierno use el Congreso como tapadera para no incomodar a sus socios empresariales en el sector eléctrico. Vox exige responsabilidades inmediatas y advierte de que esta comisión será una “cortina de humo” para encubrir errores graves.
Fuentes del sector apuntan a fallos en la gestión de carga y en la respuesta a una posible sobrecarga que no fue bien contenida. A pesar de la gravedad del suceso, el Ejecutivo sigue defendiendo que el modelo energético actual “es robusto y fiable”.
Sumar ha aprovechado para relanzar su propuesta de renacionalizar Red Eléctrica, algo que no ha sido respaldado por el PSOE. La Audiencia Nacional, por su parte, ya abrió diligencias para investigar si hubo ciberataque o sabotaje tecnológico aquel día.
El juez Calama ha requerido informes al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica sobre la caída repentina del suministro. Mientras tanto, miles de usuarios siguen exigiendo compensaciones por pérdidas económicas, aun sin respuesta desde Moncloa.

La comisión tiene un plazo de seis meses para entregar conclusiones, aunque sin carácter vinculante ni obligaciones legales. Algunos expertos ven la investigación como una maniobra de desgaste político sin intención real de asumir consecuencias.
No se descarta que los informes técnicos terminen enterrados en la maraña burocrática, como ha ocurrido en casos anteriores. Desde Moncloa se insiste en “no politizar” el suceso, pese a que la comisión nace precisamente desde los partidos del Gobierno.
El apagón de abril dejó en evidencia la fragilidad del sistema eléctrico en momentos críticos, algo que se ha minimizado. A día de hoy, no se conocen medidas concretas para prevenir un nuevo colapso ni reformas en los protocolos de emergencia.
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