La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, reconoció ante la jueza del caso DANA que no fue informada por el presidente de la CHJ
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, reconoció ante la jueza del caso DANA que no fue informada por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, del desbordamiento del río Magro el pasado 29 de octubre. Lo más grave es que, según la transcripción de su testimonio conocida hoy, la máxima representante del Gobierno en la Comunitat no tuvo constancia de la situación hasta que los medios de comunicación la difundieron, casi al mediodía.
No fue hasta las 13:51 horas cuando Bernabé reaccionó y contactó con Polo. A las 14:02 volvieron a hablar, pero la delegada no supo detallar el contenido exacto de esa conversación. Tampoco recordó si llegó a reprocharle al presidente de la CHJ que tuviera que enterarse por la prensa de un episodio tan crítico. La vaguedad de sus respuestas y la falta de autocrítica sorprenden, especialmente en una comparecencia donde, como testigo, tenía la obligación legal de decir la verdad.
Bernabé afirmó que, en esas horas, estaba centrada en las operaciones de rescate en Utiel y Requena, y que no pudo precisar si confundió el barranco con el río Magro. Su testimonio, lejos de aportar claridad, deja en evidencia una preocupante descoordinación institucional y una falta de reacción inmediata por parte de quien debería liderar la gestión de una emergencia de esta magnitud.
A esta grave omisión se suma otro fallo: el correo enviado por la CHJ a las 18:43 horas con información sobre el caudal del barranco del Poyo no se comunicó correctamente en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada), que en ese momento estaba en modo presencial con las cámaras y micrófonos apagados para los asistentes remotos. Una circunstancia que pone en duda la eficacia del sistema de alerta y coordinación en plena crisis.
La delegada del Gobierno, cuya principal función es garantizar la coordinación entre las administraciones, no solo reaccionó tarde, sino que tampoco parece haber asumido ninguna responsabilidad por esa descoordinación. Su comparecencia ante la jueza, que duró cerca de siete horas, ha dejado más sombras que certezas.
