El Gobierno de España y su polémica vara de medir con los menores de 16 años: bebidas energéticas prohibidas, aborto y cambio de sexo permitido

España despierta cada día con decretos improvisados firmados bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, que desconciertan familias, educadores y médicos. La última decisión prohíbe bebidas energéticas a menores, pero permite decisiones irreversibles como el aborto y el cambio de sexo. Ese contraste indigna porque revela prioridades políticas diseñadas más para titulares complacientes que para proteger verdaderamente a menores.

Desde el Gobierno de España, dirigido por Pedro Sánchez, se invoca salud pública mientras se esquivan debates bioéticos complejos y socialmente divisivos. La norma llega envuelta en advertencias sanitarias legítimas, aunque carece de una reflexión integral sobre coherencia legislativa general. Hospitales, docentes y familias reclaman recursos estructurales, pero reciben regulaciones simbólicas con fuerte carga comunicativa.

Se gobierna a golpe de impacto mediático, priorizando medidas vistosas sobre discusiones profundas que requieren consenso social amplio. La cafeína se convierte en asunto urgente, mientras otras decisiones trascendentales avanzan sin evaluación longitudinal exhaustiva. Así se consolida una política que aparenta firmeza sanitaria mientras proyecta incoherencia en su jerarquía de prioridades.

Prioridades invertidas y pedagogía ausente

La regulación sobre bebidas energéticas se presenta como escudo protector frente a riesgos nutricionales en adolescentes. Sin embargo, la misma administración ha impulsado marcos legales que permiten abortar desde los dieciséis años sin consentimiento parental. Esa asimetría normativa provoca desconcierto sobre qué entiende el Ejecutivo por madurez y autonomía.

Es razonable debatir límites al consumo de estimulantes en edades tempranas por posibles efectos cardiovasculares. También debería ser razonable exigir debates igual de rigurosos cuando se trata de intervenciones médicas o decisiones reproductivas. La ciudadanía percibe un doble rasero difícil de justificar desde parámetros estrictamente sanitarios.

Mientras se restringe la compra de una bebida azucarada, se facilita la modificación registral de sexo en adolescentes bajo determinados supuestos legales. Son decisiones de naturaleza muy distinta, pero ambas afectan directamente a menores y a su desarrollo. La crítica no cuestiona derechos individuales, sino la coherencia del orden de prioridades políticas establecidas.

Prohibiciones visibles y debates pendientes

Prohibir bebidas energéticas genera titulares inmediatos y transmite una imagen de acción protectora clara. En cambio, abordar debates sobre aborto adolescente o identidad de género exige profundidad técnica y diálogo social complejo. La política parece optar por la visibilidad rápida antes que por la deliberación pausada.

Si el criterio rector es la protección del menor, debería aplicarse con proporcionalidad y consistencia normativa. No se trata de equiparar fenómenos distintos, sino de exigir coherencia argumental en el discurso gubernamental. Cuando las prioridades parecen selectivas, aumenta la desconfianza hacia las motivaciones reales.

España necesita políticas integrales basadas en evidencia científica, acompañamiento psicológico y transparencia institucional. También necesita debates honestos donde se expliquen riesgos, garantías y límites con claridad pedagógica. Sin esa coherencia, cualquier prohibición parcial corre el riesgo de parecer más estrategia comunicativa que auténtica protección social.