Una vez más, el Gobierno hace usos abusivos de las instituciones. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, recurre a la Abogacía del Estado.
Ha tomado esta decisión para hacer frente a las reclamaciones de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Amador quien le exige una suma de 40.000 euros.
Tal y como explica Okdiario, la socialista hizo declaraciones en los pasillos del Senado sobre el expediente fiscal del pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta acción tuvo consecuencias, por lo que la pareja sentimental de la popular ha decidido demandarla.
En lugar de recurrir a un abogado particular, Montero ha querido hacer uso de la Abogacía del Estado. De esta manera, se suma a su líder y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, según el citado diario, también hizo uso de esta institución para salir beneficiado.
Sánchez también hace uso de la Abogacía del Estado
Más concretamente, tal y como explicó este medio, el líder socialista acudió a la Abogacía del Estado. Lo hizo para declarar secreto el megacontrato de diez millones de euros al socio de su mujer, Begoña Gómez.
Actualmente, estos contratos son el foco de una investigación que involucra a Begoña Gómez. Está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción empresarial debido a las cartas de recomendación. Las firmó para mejorar las posibilidades de Barrabés en el proceso de licitación.
