Tanto Sánchez como Montero han decidido hacer uso de la Abogacía del Estado
Una vez más, el Gobierno hace usos abusivos de las instituciones. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, recurre a la Abogacía del Estado.
Ha tomado esta decisión para hacer frente a las reclamaciones de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Amador quien le exige una suma de 40.000 euros.
Tal y como explica Okdiario, la socialista hizo declaraciones en los pasillos del Senado sobre el expediente fiscal del pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta acción tuvo consecuencias, por lo que la pareja sentimental de la popular ha decidido demandarla.
En lugar de recurrir a un abogado particular, Montero ha querido hacer uso de la Abogacía del Estado. De esta manera, se suma a su líder y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, según el citado diario, también hizo uso de esta institución para salir beneficiado.
Más concretamente, tal y como explicó este medio, el líder socialista acudió a la Abogacía del Estado. Lo hizo para declarar secreto el megacontrato de diez millones de euros al socio de su mujer, Begoña Gómez.
Actualmente, estos contratos son el foco de una investigación que involucra a Begoña Gómez. Está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción empresarial debido a las cartas de recomendación. Las firmó para mejorar las posibilidades de Barrabés en el proceso de licitación.
Al tomar esta decisión, Sánchez quiere hacer que la ciudadanía no sepa de la existencia de una documentación considerada clave para el caso Begoña. Tal y como explica el medio citado, se trata de "toda la documentación" que la compañía Innova Next, bajo la propiedad de Juan Carlos Barrabés, presentó en 2020. Para participar en los contratos multimillonarios otorgados por el organismo público Red.es.
Esta situación resulta muy alarmante. Debido al deseo de los socialistas por mantener como secreto y esconder información importante para el caso que involucra a Gómez.
EDATV acudió ayer al Congreso de los Diputados para preguntar al portavoz socialista Patxi López respecto a la situación mencionada. El periodista de este medio le preguntó en una rueda de prensa.
Ante la interrogativa, el socialista, de mala manera, respondió: "No te he entendido nada". Acto seguido, decidió ignorar la pregunta y pasar a la siguiente.
No es la primera ocasión en que el dirigente socialista determina qué periodistas deben recibir una respuesta y cuáles no. Lo hace dependiendo del tipo de preguntas que formulen o del medio en el que laboren.
