EDATV El Gobierno balear detecta 2,4 millones en ayudas sociales cobradas “sin control” durante el mandato de Armengol
La auditoría encargada por el Ejecutivo de Marga Prohens destapa una gestión “caótica” de la Renta Social Garantizada
El Gobierno de Marga Prohens ha destapado un agujero millonario en la gestión de las ayudas sociales durante el mandato de Francina Armengol. Una auditoría independiente sobre la Renta Social Garantizada ha revelado al menos 2,4 millones de euros cobrados indebidamente. Todo en un sistema que la actual administración describe como “caótico” y “sin control”.
Esto, según los datos hechos públicos por la consejera de Familias y Bienestar Social, Sandra Fernández. La revisión de miles de expedientes ha permitido identificar 1,6 millones de euros abonados sin justificación y un posible fraude total. Este podría alcanzar los 2,5 millones de euros.
El Gobierno de Prohens destapa el caos de Armengol con la concesión de ayudas sociales | Europa Press
La investigación apunta directamente a la falta de seguimiento y control durante los años de gobierno socialista. En los que, según el PP, se mantuvo una “dejadez absoluta” en la gestión de estas ayudas destinadas a los sectores más vulnerables.
“Cuando llegamos al Govern nos encontramos con una prestación desbordada y caótica. Con miles de expedientes suspendidos sin revisar ni notificar”, denunció Fernández. Todo ello al detallar que el Ejecutivo anterior había dejado más de 6.000 expedientes en el aire, muchos de ellos duplicados o caducados.
El problema, explica la auditoría, se originó cuando el anterior Govern suspendió más de 2.300 expedientes del programa Resoga16. Además de unos 4.000 del Resoga20 de forma masiva y automática, sin previo aviso a los beneficiarios. Estas decisiones administrativas, sumadas a dos nuevas suspensiones masivas en junio de 2023, generaron un auténtico colapso en el sistema.
Provocando que familias vulnerables quedaran sin ingreso alguno y otras que siguieron cobrando indebidamente.
La consejera Fernández subraya que esta falta de control, unida a la complejidad de solicitud y a las ambigüedades legales, provocó un cúmulo de errores. Estos afectaron tanto a la eficacia como a la transparencia del programa.
“Debemos garantizar la seguridad jurídica. Aunque se trate de una ayuda social, no se pueden conceder prestaciones de cualquier manera”, afirmó.
Una auditoría independiente sobre la Renta Social Garantizada ha revelado al menos 2,4 millones de euros cobrados indebidamente | Europa Press
Desde el Partido Popular, la portavoz adjunta Marga Durán acusó a Armengol de mantener durante ocho años una “gestión negligente”. Sin mecanismos de verificación ni cruces de datos con otras administraciones. “Se seguía pagando sin control alguno”, lamentó.
Por su parte, Vox exigió un mayor control en la concesión de ayudas y reclamó un mínimo de tres años de residencia en Baleares. Además de una revisión exhaustiva del empadronamiento para evitar duplicidades entre subvenciones municipales, autonómicas y estatales.
En el lado opuesto, Més per Mallorca defendió que los pagos irregulares forman parte de la “gestión normal” de cualquier programa social. Su portavoz, Lluís Apesteguia, aseguró que “las ayudas no pueden esperar a los trámites administrativos”. Y que los fondos se recuperan posteriormente si se detectan errores.
Mientras tanto, el PSOE guarda silencio a la espera de conocer los resultados definitivos de la auditoría.
Con esta investigación, el Ejecutivo de Prohens busca “poner orden” el sistema. El mismo que, según sus conclusiones, fue gestionado “sin control ni transparencia” durante el gobierno de Armengol. Dejando un lastre económico y administrativo que ahora deberá corregirse.
Más noticias: