
El Gobierno aumenta en 380 millones la financiación para 'ayuda humanitaria'
El acuerdo contempla una partida de 190,7 millones destinada al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva transferencia millonaria. El acuerdo contempla una partida de 190,7 millones de euros destinada al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El objetivo es cubrir programas de atención humanitaria y protección internacional.
Así lo ha publicado Pablo Cambronero en su cuenta de X.

La cifra forma parte de un incremento mucho mayor. Según la planificación oficial, el coste total de la red de acogida se dispara en 381,4 millones de euros respecto a lo previsto. La mitad de ese aumento, exactamente 190,7 millones, se cargará a la anualidad de 2026.
Este esfuerzo económico, dirigido a reforzar las políticas de inmigración, contrasta con la sensación de abandono en otros ámbitos. Especialmente en materia de seguridad ciudadana.
Cada semana se suceden las noticias sobre robos, peleas y agresiones en distintas ciudades del país. Los vecinos denuncian la falta de presencia policial en las calles.
Los sindicatos policiales también alzan la voz. Señalan que las plantillas están mermadas. Reclaman más efectivos y mejores medios.
Denuncian que el Gobierno destina miles de millones a la acogida de inmigrantes. Mientras, ignora la precariedad de los agentes que velan por el orden público.

Las cifras hablan por sí solas. Mientras se refuerzan los programas de atención humanitaria, los cuerpos de seguridad arrastran carencias históricas.
Muchos cuarteles de la Guardia Civil están en mal estado. Numerosas comisarías de policía carecen de personal suficiente para atender las demandas ciudadanas.
Los ayuntamientos se enfrentan a la misma situación. Pese a la creciente inseguridad en barrios de grandes ciudades, las plantillas de policía local siguen congeladas.
Los alcaldes piden recursos al Gobierno central. No llegan. En cambio, sí aparecen nuevas transferencias millonarias vinculadas a la inmigración.

La polémica crece. Los vecinos se sienten desprotegidos. Afirman que los políticos priorizan la acogida de extranjeros mientras ellos lidian con la delincuencia diaria.
Comerciantes de zonas céntricas alertan de que la inseguridad ahuyenta a clientes y turistas.
El Ejecutivo defiende sus decisiones. Asegura que España debe cumplir con compromisos internacionales en materia de refugio y protección.
Argumenta que las ayudas garantizan derechos básicos y que el esfuerzo económico es imprescindible. Sin embargo, la ciudadanía percibe otra realidad: calles cada vez menos seguras y barrios donde la violencia se multiplica.
La oposición aprovecha el contexto. Critica la falta de equilibrio en el gasto público.
Exige que se priorice la seguridad y que se refuercen las plantillas policiales. Denuncia que se ha perdido el control en muchas zonas urbanas.
Mientras tanto, las cifras continúan creciendo. Más de 190 millones de euros adicionales para acogida en 2026. Y un aumento total de más de 381 millones respecto a lo previsto.
Una inversión enorme que llega en un momento de desconfianza ciudadana y preocupación por la seguridad.
El debate está abierto. El Gobierno destina más recursos a la inmigración mientras los problemas de seguridad se agravan.
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