El Gobierno aprueba hoy la regularización extraordinaria de inmigrantes mediante real decreto, una medida que el Ejecutivo presenta como un avance social, pero que llega rodeada de críticas por sus lagunas jurídicas y la relajación de los controles.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, busca dar cobertura legal a personas que ya residen en España en situación irregular. Según el Ejecutivo, se trata de una acción que permitirá aflorar economía sumergida y reforzar los ingresos públicos, al incorporar a estos ciudadanos al sistema fiscal y de la Seguridad Social.
Sin embargo, la medida ha generado dudas incluso antes de su aprobación definitiva. El dictamen del Consejo de Estado, aunque avala en términos generales su orientación, incluye advertencias relevantes sobre algunos aspectos clave del procedimiento, especialmente en lo relativo a las garantías administrativas.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido la iniciativa asegurando que los beneficiarios son personas que hoy viven en España “sin derechos” y que su regularización permitirá aumentar la recaudación y reforzar el estado del bienestar.
Dudas sobre los controles en el proceso
Uno de los puntos más controvertidos es el sistema previsto para acreditar la ausencia de antecedentes penales. El texto contempla que, si el solicitante no puede aportar este certificado en el plazo establecido, la Administración podrá recabarlo. Pero si tampoco lo logra, bastará con una declaración responsable del interesado.
El Consejo de Estado considera esta fórmula “inadecuada” para un proceso de carácter masivo, al entender que podría suponer una relajación injustificada de los requisitos y comprometer las garantías del sistema. La advertencia ha alimentado las críticas de quienes consideran que el Gobierno está priorizando la rapidez del proceso frente al rigor administrativo.
Además, distintos expertos apuntan a que este tipo de mecanismos excepcionales, diseñados para agilizar los trámites, podrían generar inseguridad jurídica si no se aplican con criterios homogéneos, especialmente en un proceso de gran volumen como el planteado por el Ejecutivo.
Choque político y defensa del Ejecutivo
Desde el Gobierno insisten en que la regularización responde tanto a criterios de justicia social como de eficiencia económica. Bolaños ha subrayado además el respaldo de la patronal, la Conferencia Episcopal y el Vaticano, frente al rechazo expresado por PP y Vox.
El ministro ha enmarcado la oposición a la medida en posiciones “xenófobas”, alineadas, según sus palabras, con corrientes de ultraderecha europeas.
