El Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto sacar adelante este martes en el Consejo de Ministros la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) sin haber alcanzado un acuerdo con los principales sindicatos y sin haber hecho públicas previamente las cifras. Se trata, según denuncian las organizaciones sindicales, de una forma de proceder poco habitual que, a su juicio, refleja falta de transparencia en el proceso.
Desde CSIF y Comisiones Obreras aseguran que, pese a las reuniones mantenidas en las últimas semanas con el Ministerio de Función Pública, no se les han trasladado datos concretos sobre el número de plazas ni su distribución. Ambas organizaciones consideran que esta decisión deja sin margen real la negociación.
El ministro Óscar López ha defendido la posición del Ejecutivo, argumentando que el objetivo es mantener el nivel de empleo público y avanzar en la modernización de la Administración. Sin embargo, estas explicaciones no han evitado el creciente malestar sindical.
Críticas por un proceso sin cifras y sin consenso
El principal foco de crítica se centra en la falta de datos durante la negociación. Los sindicatos sostienen que han acudido a varios encuentros técnicos sin conocer el volumen real de la oferta, lo que, según afirman, impide valorar su impacto en el empleo público.
Algunas fuentes sindicales interpretan que el Gobierno ha optado por reservar las cifras para el anuncio oficial, una estrategia que consideran que limita el diálogo previo. Desde Comisiones Obreras califican la propuesta de “incierta” y advierten de que no permite saber si habrá creación de empleo neto.
Además, recuerdan que no es la primera vez que la OEP sale adelante sin respaldo sindical, lo que, en su opinión, consolida una dinámica de negociación cada vez más limitada.
Más presión sobre unos servicios ya tensionados
La aprobación de la oferta llega en un contexto en el que distintos servicios públicos afrontan una elevada carga de trabajo. Los sindicatos señalan que la combinación de nuevas demandas, procesos administrativos en marcha y medidas como la jornada de 35 horas está aumentando la presión sobre las plantillas.
En organismos como el Servicio Público de Empleo Estatal o la Seguridad Social, advierten de que la falta de personal ya está teniendo efectos en la atención al ciudadano. Por ello, consideran que la OEP debería responder de forma más clara a estas necesidades.
En este escenario, las organizaciones sindicales insisten en que, sin un refuerzo suficiente de efectivos y sin una negociación más transparente, será difícil sostener el funcionamiento de algunos servicios en los próximos meses.
