El Gobierno amplía la sanidad pública a inmigrantes irregulares en toda España sin estimar el coste
El Gobierno garantiza asistencia sanitaria a todos los inmigrantes irregulares sin cuantificar el gasto
porJose Andres Jorge Barceló
politica
El Ejecutivo aprueba un real decreto que permitirá el acceso a la sanidad pública mediante una declaración responsable y unificará los criterios en todas las comunidades autónomas
El Gobierno ha anunciado que las personas inmigrantes en situación irregular podrán acceder a la sanidad pública en España en todo el territorio nacional. Una medida que se aplicará sin que el Ejecutivo haya cuantificado el gasto que supondrá para el sistema sanitario. El anuncio fue realizado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de España.
La medida se articula a través de un real decreto impulsado conjuntamente por el Ministerio de Inclusión y el Ministerio de Sanidad de España, que desarrolla lo previsto en el artículo tercero de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
La ministra Elma Saiz junto a Zapatero
Acceso a la sanidad mediante declaración responsable
El nuevo reglamento busca simplificar el procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia sanitaria pública. Para ello, los solicitantes deberán presentar una declaración responsable, un documento mediante el cual el interesado asegura que no dispone de cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que reside en España y que no puede trasladar ese derecho desde otro país.
Según explicó la ministra, el objetivo es agilizar los trámites y evitar desigualdades territoriales. “Esta medida garantiza la misma cobertura sanitaria en toda la geografía española y pone fin a criterios divergentes que hasta ahora dependían de cada territorio”, señaló Saiz.
Una vez acreditados los requisitos, la persona solicitante recibirá un documento que le permitirá acceder a la asistencia sanitaria en todo el sistema público español.
Mónica García y el Gobierno entregarán un documento a inmigrantes irregulares para que tengan acceso a Sanidad pública
Colectivos prioritarios
El real decreto contempla de forma específica la protección sanitaria para determinados colectivos considerados vulnerables. Entre ellos se encuentran menores de edad, mujeres embarazadas durante todo el proceso de gestación y posparto, así como víctimas de violencia de género, de violencias sexuales o de trata de seres humanos.
Asimismo, el texto establece medidas para facilitar los trámites a las personas con discapacidad, garantizando que puedan acceder a formatos accesibles y recibir el apoyo necesario para completar los procedimientos administrativos en igualdad de condiciones.
Nuevas formas de acreditar la residencia
Otra de las novedades de la norma es la flexibilización de los mecanismos para demostrar la residencia habitual en España. Aunque el empadronamiento seguirá siendo el documento preferente, se admitirán otros medios de prueba cuando este no exista.
Entre ellos se incluyen certificados de escolarización en centros públicos, informes de servicios sociales, registros de visitas a administraciones, facturas de suministros básicos como luz, gas, agua o telefonía a nombre del solicitante, así como documentos de registro consular.
También para españoles residentes en el extranjero
El real decreto no solo afecta a los inmigrantes en situación irregular. Según explicó el Ejecutivo, la medida también amplía el acceso a la sanidad pública para ciudadanos españoles que residen fuera del país.
Hasta ahora, este derecho estaba limitado principalmente a pensionistas o trabajadores. Con la nueva regulación se extenderá a todos los españoles que vivan en el extranjero y que no dispongan de cobertura sanitaria a través de otros convenios internacionales.
Además, el acceso podrá aplicarse también a sus cónyuges, parejas de hecho y descendientes a cargo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y no exista otro sistema que cubra la asistencia sanitaria.
Debate sobre el impacto económico
La decisión del Gobierno de ampliar el acceso a la sanidad pública ha reabierto el debate político sobre el impacto económico de la medida. Aunque el Ejecutivo ha defendido que el objetivo es garantizar la cohesión territorial y la seguridad jurídica, por el momento no se ha detallado cuál será el coste que supondrá para el sistema sanitario público.
