El Gobierno blinda a Sarah Santaolalla con escolta oficial después de que la jueza descartara cualquier agresión
Interior pone protección personal a la comunicadora Sarah Santaolalla
porEDATV
politica
La medida llega tras denuncias por supuestos acosos previos, mientras otras víctimas reales siguen desprotegidas
El Ministerio del Interior, bajo el mando del socialista Fernando Grande-Marlaska, ha decidido poner escolta a la comunicadora y activista Sara Marina Pérez Santaolalla. Los agentes encargados pertenecen al área de testigos protegidos, pese a que el juez número 23 de Madrid rechazó su solicitud de orden de alejamiento, señalando que no hubo agresión ni riesgo para su vida.
El dispositivo llega tras un enfrentamiento a las puertas del Senado de España con el activista Vito Quiles. Santaolalla presentó un parte de lesiones y denuncias por supuestos acosos previos, pero el tribunal no consideró que existiera agresión real.
Mientras se despliega este nivel de protección, miles de mujeres afectadas por delitos cubiertos por la ley del “solo sí es sí” siguen sin sentir seguridad real. Tampoco hubo contundencia con las pulseras de control fallidas de AliExpress, que dejaron libres a agresores.
Sarah politóloga y analista político.
Acompañada de dos agentes de paisano, Santaolalla acudió incluso a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana para coordinar su protección. Su presencia en actos públicos organizados por el Gobierno o el PSOE queda así blindada, mientras otros ciudadanos no reciben la misma protección ante riesgos probados.
Fuentes policiales reconocen que algunos agentes consideran que no hay un riesgo real que justifique la escolta. Sin embargo, se establecen dispositivos cada vez que la comunicadora participa en actos públicos, sin contacto con Quiles, asegurando su seguridad en cada evento, pese al rechazo judicial sobre la agresión
El caso de Santaolalla pone de relieve cómo ciertas figuras mediáticas y con una ideología en concreto consiguen respaldo inmediato del Estado, mientras que ciudadanos comunes y víctimas reales de delitos deben enfrentar la burocracia y la ineficacia de la ley. La percepción de favoritismo debilita la confianza en las instituciones y en la capacidad del Gobierno para proteger a quienes más lo necesitan.
Además, la decisión envía un mensaje preocupante: la seguridad parece depender más de la visibilidad pública que del riesgo real. En un país donde las amenazas son múltiples y comprobadas, priorizar la protección por notoriedad deja en evidencia una política desigual y poco rigurosa.
