
Giro inesperado para Begoña Gómez: el Supremo puede condenarla a cárcel
El Tribunal Supremo ya ha condenado a otros socialistas por casos similares al de la mujer de Sánchez
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha generado un gran revuelo en el panorama político español. Esta decisión judicial podría allanar el camino para que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfrente una pena de prisión.
El caso se centra en acusaciones de malversación de caudales públicos. Todo ello surge de un precedente establecido en 2014 por el Alto Tribunal.
El origen de esta controversia radica en la imputación de Begoña Gómez por varios delitos graves. Entre ellos destaca la malversación, uno de los cinco cargos que pesan sobre ella. La investigación judicial ha revelado pruebas documentales clave.
Estas muestran que una asistente personal de Gómez, contratada con fondos del Palacio de la Moncloa, realizó tareas de gestión para su cátedra universitaria. Este empleo público, pagado con dinero de los contribuyentes, parece haber sido utilizado para fines privados.
Para entender el impacto de esta sentencia, hay que remontarse a junio de 2014. En aquel entonces, el Tribunal Supremo confirmó la condena contra dos concejalas del PSOE en el Ayuntamiento de Paiporta, en Valencia. Ambas recibieron penas de hasta un año y seis meses de cárcel, además de multas e inhabilitación.

El delito: malversación. Las ediles habían usado empleados municipales durante su horario laboral para realizar trabajos personales en sus viviendas.
La sentencia del Supremo, número 470/2014, es clara en su doctrina. Define la malversación no solo como el desvío de dinero. Incluye la utilización del trabajo de empleados públicos para fines privados.
"Cuando se traspasan los límites de la legalidad, aunque sea un poco, ya no hay límite", sentenció el tribunal. Añadió que esto invita a transgredir las normas éticas de los representantes públicos.
La Fiscalía respaldó esta visión. Explicó que cualquier uso de trabajadores municipales para tareas ajenas al interés público genera daño económico. Porque su fuerza de trabajo se desvía del servicio al ciudadano.
La asistente de Gómez en Moncloa fue contratada a petición expresa de ella. Su salario ascendía a 52.000 euros brutos anuales, pagados con fondos públicos. Su rol oficial era asistir a la esposa del presidente en tareas ligadas a ese parentesco, nada más.
Sin embargo, la pesquisa judicial apunta a que asumió funciones empresariales y personales. Esto va más allá de lo institucional. Incluye gestiones para la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
El caso de Begoña Gómez ha sido uno de los más polémicos del año. Surgió de denuncias sobre presuntas irregularidades en su labor académica y profesional. Se le acusa de tráfico de influencias, cohecho y otros delitos.
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