La Generalitat Valenciana, liderada por Carlos Mazón, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) aclarar si cumplió con su obligación de constituir el comité permanente de cuenca, tal como exige la normativa vigente, ante la emergencia provocada por la DANA que afectó gravemente a la región el pasado 29 de octubre, incluyendo el riesgo de rotura de la presa de Forata y la crecida del río Magro. Este evento trágico dejó más de 200 víctimas mortales y afectó a numerosas poblaciones valencianas.
Exigencia de transparencia
Fuentes del Ejecutivo valenciano instan a la CHJ a detallar si se activó el comité previsto en el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica (RD 927/1988), artículo 49, el cual establece la obligación de convocar este órgano en casos de avenidas o circunstancias excepcionales. Este comité, que debe incluir a la Presidencia, Dirección Técnica, Comisaría de Aguas y Jefatura de Explotación, es responsable de coordinar medidas de seguridad y asesorar a las autoridades de protección civil para mitigar los riesgos derivados de inundaciones.
La Generalitat subraya la necesidad de que el organismo hidráulico informe si se llevaron a cabo reuniones del comité, si se levantaron actas de las decisiones tomadas y qué medidas específicas, como desembalses extraordinarios, se acordaron. En caso de que el comité no haya sido convocado, exige explicaciones sobre los motivos de esta omisión.
Planes de emergencia y competencias
Tanto el Plan de Emergencia de Presa del embalse de Forata como el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana obligan a activar este comité en situaciones excepcionales. Estos planes permiten a la Confederación adoptar medidas inmediatas, incluidas operaciones de embalse y desembalse, sin necesidad de consultar a la Comisión de Desembalse, aunque debe informarse posteriormente a la Dirección General de Obras Hidráulicas y a la Comisión.
Según el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (modificado en RD 638/2016), el titular de la presa, en este caso la CHJ, es responsable de elaborar normas de explotación y planes de emergencia, además de garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para su cumplimiento.
Revisión de responsabilidades
Desde la administración autonómica consideran que es crucial garantizar la transparencia sobre la actuación de la CHJ para analizar si se siguieron las medidas necesarias para minimizar el impacto de la catástrofe. La Generalitat reitera que este comité permanente es el único órgano competente en materia de seguridad de presas para gestionar emergencias como la vivida durante la DANA.
El Plan de Emergencia de Presa (PEP) establece una estructura clara de actuaciones para mitigar los riesgos y consecuencias de las emergencias, detallando las responsabilidades de los trabajadores de la presa y los órganos de coordinación. Las explicaciones de la CHJ serán clave para determinar si se cumplió con estas obligaciones y si existieron fallos en la gestión de la crisis.
En conclusión, la Generalitat exige máxima claridad y rendición de cuentas por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, resaltando la importancia de aprender de esta tragedia para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.
