La Generalitat valenciana ha presentado el martes el ambicioso plan VIVE, cuyo propósito es la construcción de 10.000 viviendas sociales hasta el año 2027. Este compromiso, asumido desde la campaña electoral, busca garantizar el acceso a la vivienda en un contexto en el que los precios, tanto de alquiler como de compra, han experimentado un aumento imparable en toda la Comunitat, especialmente en las grandes ciudades. "El precio del alquiler ha aumentado un 90,5% durante la legislatura y el de compra un 48%", afirmó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Estas cifras se explican en parte por el "colapso del parque público, que se ha mostrado insuficiente".
La vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, destacó que gran parte de las viviendas sociales están ocupadas ilegalmente por inquilinos sin títulos, ocupantes y personas que no cumplen con el pago de sus rentas. "La vivienda ha pasado de ser un derecho a convertirse en un problema que genera vulnerabilidad, afectando incluso a trabajadores que no pueden acceder a una vivienda".
