La medida será aprobada por el Consejo de Gobierno y supondrá la aplicación efectiva de una previsión legal que hasta ahora no se había desarrollado en la comunidad autónoma
El Gobierno de Cantabria dará un paso más en su política de empleo inclusivo con la reserva de una parte de los contratos públicos para entidades que favorecen la inserción laboral de personas con discapacidad y de colectivos en riesgo de exclusión social. La medida será aprobada por el Consejo de Gobierno y supondrá la aplicación efectiva de una previsión legal que hasta ahora no se había desarrollado en la comunidad autónoma.
La iniciativa obligará a que, como mínimo, el 10% del importe anual de determinados contratos públicos quede reservado para centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción que cumplan los requisitos establecidos por la legislación vigente.
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, presentó la medida junto a la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, durante un encuentro con representantes de entidades dedicadas a la integración laboral.
En la reunión participaron responsables de la Asociación de Empresas de Inserción de Cantabria, así como representantes de otras organizaciones sociales que trabajan para facilitar el acceso al empleo de personas con mayores dificultades.
Buruaga defendió que la contratación pública debe convertirse en una herramienta para generar oportunidades laborales y favorecer la inclusión social. Según afirmó, la comunidad cumplirá ahora una obligación recogida en la Ley de Contratos del Sector Público que permanecía pendiente de aplicación.
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga
La presidenta aseguró que los anteriores gobiernos no desarrollaron esta posibilidad pese a estar prevista en la normativa estatal. A su juicio, la nueva instrucción responde a un compromiso con la igualdad de oportunidades y la justicia social.
La medida establece criterios comunes para todos los órganos de contratación de la Administración autonómica y de su sector público. El objetivo es que la aplicación de la reserva de contratos sea uniforme y se ajuste a un mismo procedimiento.
Los contratos reservados podrán destinarse a actividades como limpieza, mantenimiento, jardinería, lavandería, hostelería, servicios sociales, gestión forestal, tareas administrativas o almacenamiento, entre otros sectores contemplados por la normativa.
El Ejecutivo autonómico también incorporará mecanismos de control para comprobar cada año el grado de cumplimiento de esta obligación. Con ello pretende evaluar el impacto de la medida y corregir posibles desviaciones en su aplicación.
Desde la Asociación de Empresas de Inserción de Cantabria valoraron de forma positiva la decisión del Gobierno regional. Su presidente, Pedro Tresgallo, afirmó que esta iniciativa permitirá crear nuevas oportunidades de empleo, reforzar la estabilidad de las entidades sociales y abrir una nueva etapa para un sector que llevaba años reclamando el desarrollo efectivo de esta herramienta de contratación pública.
