Generales de Marlaska recurrieron a siete contratos de emergencia por más de 17 millones para buques de la Guardia Civil

La Guardia Civil recurrió hasta en siete ocasiones a contratos de emergencia por un importe superior a los 17 millones de euros para garantizar la operatividad de sus buques oceánicos, una situación que vuelve a poner el foco sobre la gestión del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Según la documentación conocida por El Debate, los contratos fueron autorizados por altos mandos del Instituto Armado para asegurar el funcionamiento de la flota oceánica del Servicio Marítimo, desplegada en misiones internacionales como las desarrolladas en aguas de Mauritania y Senegal. La Guardia Civil justificó estas adjudicaciones alegando la falta de personal propio para asumir el mantenimiento y la gestión integral de los buques.

La contratación por vía de emergencia está prevista en la legislación para situaciones excepcionales, como catástrofes o riesgos graves para la seguridad. Sin embargo, este mecanismo permite adjudicar servicios sin los trámites ordinarios de concurrencia pública y con menores exigencias formales, lo que reduce la competencia y la transparencia administrativa.

Una solución excepcional convertida en habitual

Los problemas comenzaron tras la finalización de varios contratos y prórrogas previas. Además, algunos expedientes ordinarios quedaron desiertos por falta de ofertas, mientras que otros recibieron observaciones de la Intervención Delegada, obligando a la Guardia Civil a recurrir nuevamente a la contratación extraordinaria para evitar la paralización del servicio.

Desde abril de 2022 se aprobaron seis contratos de emergencia por importes que oscilan entre uno y 5,2 millones de euros, a los que se suma un séptimo expediente previsto para cubrir el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2024. En conjunto, las adjudicaciones superan los 17 millones de euros.

La situación evidencia las dificultades estructurales del Servicio Marítimo para mantener operativa su flota sin depender de empresas externas. También reabre el debate sobre el uso recurrente de procedimientos excepcionales en áreas sensibles de la Administración, especialmente cuando la normativa reserva estas vías para circunstancias extraordinarias y no para problemas de planificación o falta de recursos permanentes.

La sucesión de contratos de emergencia bajo la gestión del Ministerio del Interior vuelve a situar a Marlaska en el centro del debate sobre la transparencia y la gestión de los recursos públicos en uno de los cuerpos de seguridad más importantes del Estado.