El patrimonio inmobiliario del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, vuelve a situarse en el foco público tras la declaración de la mujer del jefe del Ejecutivo ante el juez Juan Carlos Peinado. Según información registral publicada por La Razón, el matrimonio acumula seis viviendas y dos plazas de garaje, una cartera patrimonial que los sitúa muy por encima de la media española en un momento marcado por las dificultades de acceso a la vivienda.
De acuerdo con los datos difundidos, la mayor parte de los inmuebles pertenecen a Begoña Gómez, que ya contaba con varias propiedades antes de cumplir los 35 años. Entre ellas figura una vivienda en Pozuelo de Alarcón, municipio madrileño con una de las rentas más altas del país, así como un piso en el centro de Madrid y otro inmueble compartido con su familia.
Asimismo, Gómez heredó en 2009 la vivienda familiar en la que residió junto a Pedro Sánchez antes de su llegada a La Moncloa en 2018. Según la información registral consultada por el citado medio, el inmueble procedía de su madre, María Fernández, y no de su padre, como se había publicado anteriormente en diversos medios.
Un patrimonio construido a lo largo de décadas
La cartera inmobiliaria de Begoña Gómez se amplió en 2013 con la compra de una vivienda en Mojácar (Almería), utilizada durante años por la familia como residencia vacacional. Además, en 2005 adquirió junto a Pedro Sánchez un piso y una plaza de garaje en el barrio madrileño de Aluche, cuando ambos aún no habían contraído matrimonio.
Por su parte, el presidente del Gobierno conserva bajo su propiedad un piso de 41 metros cuadrados y una plaza de garaje en el barrio de Tres Olivos, en Madrid. La adquisición se produjo en 1994, cuando Sánchez tenía 22 años y todavía cursaba sus estudios universitarios de Ciencias Económicas y Empresariales.
El patrimonio del matrimonio ha cobrado especial relevancia en las últimas semanas a raíz de la investigación judicial que afecta a Begoña Gómez. En caso de una eventual responsabilidad civil derivada del procedimiento, los bienes patrimoniales podrían formar parte del análisis judicial. De hecho, recientemente trascendió que Gómez hipotecó una de sus viviendas para obtener un préstamo de 240.000 euros.
La publicación de estos datos ha reabierto el debate sobre el patrimonio de los responsables públicos y su evolución a lo largo de los años, especialmente en un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.
