Así es como el Ministerio de Igualdad financia la prostitución que promete abolir

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reiterado que su objetivo es acabar con la prostitución en España. Según sus propias palabras, la  ley abolicionista será presentada en septiembre.

El modelo elegido será el sueco, que sanciona a los clientes y prohíbe expresamente cualquier forma de proxenetismo.

Pese a esta promesa, el Ministerio de Igualdad ha financiado múltiples actos y estudios que defienden lo contrario. Varias iniciativas recientes han contado con apoyo institucional del Gobierno, incluso con el sello oficial del ministerio.

En ellas  se ha promovido la regularización del trabajo sexual y el reconocimiento de derechos laborales a las prostitutas.

Financiación pública para discursos contradictorios

Entre los eventos respaldados por Igualdad figura una jornada organizada por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS).

Esta se celebró en abril en la Universidad de Almería, bajo el título Hablan las prostitutas. En el acto participó Anabel A., quien relató que comenzó en la prostitución a los 40 años para pagar una deuda de 20.000 euros.

“No romantizo la prostitución, pero la queremos ver como algo normal”, declaró durante su intervención. Su testimonio fue difundido con el aval del Gobierno, algo que ha desatado una fuerte controversia.

El evento se celebró pese a la oposición de más de 80 colectivos feministas, muchos de ellos cercanos al propio PSOE.

Además de estas jornadas, Igualdad ha financiado informes como Las prostitutas hablan de violencia o Prostitución en contextos digitales. Ambos textos analizan la situación del trabajo sexual desde un enfoque que no es abolicionista.

De hecho, sus conclusiones recomiendan garantizar derechos sociales y laborales a quienes ejercen la prostitución.

También el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 ha participado en estas iniciativas. Desde este departamento, dirigido anteriormente por Ione Belarra, se han apoyado campañas que exigen la despenalización del trabajo sexual.

Todo esto ha generado un claro choque entre la retórica abolicionista del Gobierno y sus prácticas presupuestarias.

La futura ley se apoyará en precedentes judiciales y documentos internacionales

De cara a septiembre, Ana Redondo ha asegurado que presentará un proyecto de ley que prohíba expresamente la prostitución.

La medida incluirá sanciones al cliente y perseguirá cualquier forma de lucro mediante la explotación sexual ajena. Para ello, el Ejecutivo planea apoyarse en documentos internacionales como el ‘policy-paper’ del Centre for Women, Peace and Security de la London School of Economics.

Otro de los pilares jurídicos será la sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2023. En ella se estableció que los clubes de alterne están obligados a dar de alta a las prostitutas en la Seguridad Social.

Esta resolución, interpretada por algunos como un reconocimiento laboral, ha sido utilizada también por el abolicionismo para exigir mayor intervención del Estado.

El Gobierno aún no ha aclarado cómo coordinará estas posturas tan dispares. Mientras promete una ley prohibicionista, sigue apoyando actos y documentos que piden regulación. Desde el Ministerio no se ha ofrecido ninguna explicación sobre estas aparentes contradicciones.

Las organizaciones feministas abolicionistas piden coherencia. Denuncian que se está enviando un doble mensaje desde el propio Estado.

Por un lado, se promete erradicar la prostitución; por otro, se financian jornadas donde se normaliza su ejercicio como una opción de vida legítima.

La polémica continúa creciendo a medida que se acerca la fecha de presentación del proyecto. La ministra Ana Redondo se enfrenta ahora al reto de convencer tanto a las bases feministas del PSOE como a los sectores más críticos con la legalización del trabajo sexual.

Las próximas semanas serán clave para saber qué modelo adopta finalmente el Gobierno. Si se mantiene firme en el abolicionismo o si, por el contrario, acaba cediendo a la presión de colectivos que reclaman derechos.