La Fiscalía Anticorrupción ha identificado posibles irregularidades en las subvenciones otorgadas por la Generalitat Valenciana a dos empresas vinculadas a Francis Puig, hermano de Ximo Puig, durante su mandato. La fiscal ha presentado un informe de 50 páginas, fechado el 18 de julio, en el que se detallan indicios de estafa y falsedad documental por parte de las sociedades Comunicacions dels Ports, Mas Mut y Canal Maestrat. El documento, al que ha accedido El Debate desvela la información y señala un perjuicio económico de 110,692 euros, relacionado con prácticas de falsedad documental continuada y estafa agravada.
Principales Hallazgos de la Investigación
Empresas Ficticias: La fiscalía considera que Mas Mut podría ser una empresa ficticia creada específicamente para recibir ayudas públicas.
Facturas Cruzadas: Se detectaron facturas cruzadas entre las empresas de Francis Puig, utilizadas como estrategia para percibir más subvenciones.
Sede Empresarial: Se utilizó el alquiler de una vivienda de otro hermano Puig como tapadera para justificar las subvenciones.
Delitos Atribuidos
Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover: Se les atribuyen delitos de falsedad en documento mercantil, con la posibilidad de ser cooperadores necesarios en los delitos del otro.
Falsedad Documental y Estafa: Los delitos principales identificados son falsedad documental continuada y estafa agravada.
Subvenciones Investigadas
Producción y difusión de programas en valenciano de radio y televisión.
Producción y difusión de prensa escrita y digital en valenciano.
Realización de actividades de fomento del valenciano.
Algunas subvenciones se otorgaron para contenidos en castellano y hubo duplicación de facturas, lo que incrementó las sospechas de fraude. Sin embargo, la fiscal señaló que no hubo una "presunta concesión fraudulenta de subvenciones o ayudas" por parte de la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana y del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña entre 2015 y 2018, ya que estas no superaron el límite legal de 120,000 euros.
La fiscal ha solicitado que, si el Juzgado de Instrucción nº4 de Valencia acepta la calificación de los delitos, se ofrezca ejercer acciones a la Abogacía de la Generalitat Valenciana y a los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña, debido al posible perjuicio económico. La investigación comenzó en 2019, tras una denuncia del PP, y ha revelado diversas estrategias fraudulentas empleadas por Francis Puig y sus socios.
Este caso pone en evidencia las complejidades y posibles irregularidades en la gestión de subvenciones públicas, y destaca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. La resolución del caso dependerá de las próximas actuaciones judiciales y de las posibles medidas que tomen las administraciones implicadas para recuperar los fondos y sancionar a los responsables.
