La Fiscalía pide medidas cautelares para Pardo de Vera tras su declaración

Isabel Pardo de Vera se encuentra en boca de todos. La que fue presidenta de Adif ha declarado este lunes en la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que imponga medidas cautelares a Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero.

En concreto, se ha pedido la retirada de sus pasaportes tras haber declarado este lunes por su presunta implicación en la adjudicación irregular de obras públicas a cambio de comisiones.

Fuentes jurídicas citadas por EFE han indicado que las acusaciones populares, impulsadas por el PP, se han sumado a la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Tras tomar declaración a los investigados ha instado al juez de la Audiencia Nacional a adoptar medidas cautelares contra ellos. En concreto, ha solicitado que se les retire el pasaporte y que se les obligue a comparecer ante el juzgado cada quince días.

Pardo de Vera ha señalado que recibió una recomendación directa de Koldo García para considerar a Jésica Rodríguez. Según ha explicado, era común que se enviaran currículums a Ineco, aunque en este caso —ha matizado— hubo una insistencia poco habitual. Además, ha asegurado que no conocía personalmente a Rodríguez ni tenía información sobre ella.

Alto cargo cesado

ADIF ha destituido a Juan Pablo Villanueva, director general de Negocio y Cliente. Su salida se produce tras verse implicado en supuestas irregularidades en adjudicaciones de obras públicas. También estaba señalado por favorecer contrataciones ligadas al entorno del exministro José Luis Ábalos.

Villanueva era uno de los pocos cargos que sobrevivió a la reestructuración interna de la empresa en 2025. Su proximidad a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF e investigada por el caso Ábalos, era conocida.

Las sospechas no eran nuevas. En 2023, el medio The Objective reveló que Villanueva estaba siendo investigado desde 2022 por una denuncia interna. Se le acusaba de favorecer a empresas como OPR en licitaciones entre 2019 y 2021. Durante ese periodo, Ábalos era ministro de Transportes y Pardo de Vera presidía ADIF.

OPR fue beneficiaria de tres contratos por valor de 114,1 millones de euros. Según peritos, obtuvo la mejor puntuación técnica sin justificación. Los informes mostraron anomalías y sobrevaloraciones. Villanueva lo negó, pero fue interrogado junto a dos técnicos supuestamente implicados.

En paralelo, Villanueva firmó valoraciones técnicas en licitaciones que acabaron beneficiando a Acciona. El valor total ascendía a 342 millones de euros. Estos contratos también aparecen en el informe de la UCO que implica a Ábalos, a su asesor Koldo García, y al dirigente socialista Santos Cerdán.