La actuación del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, durante la crisis migratoria queda bajo la lupa judicial. La Fiscalía quiere esclarecer qué sabía, qué órdenes dio y, especialmente, si dejó de adoptar medidas que podían haber sido necesarias ante la entrada masiva desde Marruecos.
El Ministerio Público centra parte de sus pesquisas en la respuesta desplegada desde la Delegación del Gobierno. Sobre la mesa están cuestiones relacionadas con la "prevención, auxilio y protección", así como la posible relación entre las decisiones tomadas y los fallecimientos y lesiones que se investigan.
Una de las claves será reconstruir las horas previas a la llegada masiva.
La Fiscalía considera necesario determinar de qué información disponían las autoridades españolas, si existían avisos que permitieran anticipar lo que iba a suceder y cómo se preparó el dispositivo ante la llegada de inmigrantes a través de la zona de El Tarajal.
También se examinará la respuesta una vez iniciada la crisis. Esto incluye las órdenes transmitidas, los medios destinados a vigilancia y seguridad y las actuaciones de contención, recepción y auxilio.
También se examinará la respuesta una vez iniciada la crisis
El análisis no se limita, sin embargo, a las medidas que sí se tomaron. La investigación deberá aclarar igualmente si hubo actuaciones que pudieron haberse adoptado y no se llevaron a cabo, y si esa eventual ausencia de medidas tuvo alguna incidencia sobre las personas que intentaron alcanzar Ceuta a nado.
El caso termina en la Audiencia Nacional
Estas incógnitas no se investigarán finalmente de manera independiente en Ceuta.
La Fiscalía solicitó el pasado 9 de septiembre que las diligencias relacionadas con Pérez Triano fueran trasladadas a la Audiencia Nacional, donde la magistrada María Tardón ya investiga la entrada masiva desde Marruecos.
La juez que llevaba el procedimiento en Ceuta ha respaldado esa petición y ha acordado desprenderse de la causa para que sea la Audiencia Nacional la que continúe con las pesquisas.
Detrás de esta decisión está la consideración de que ambas investigaciones parten de un mismo episodio. Los hechos analizados ocurrieron en el mismo escenario y periodo y tienen como origen la llegada de personas desde territorio marroquí por el Espigón de El Tarajal y zonas próximas.
De ahí que la Fiscalía defienda abordar conjuntamente lo sucedido en la frontera y la respuesta ofrecida por las autoridades españolas.
La investigación deberá determinar ahora hasta dónde alcanzó la responsabilidad de cada actor y si las decisiones —o eventuales omisiones— de la Delegación del Gobierno tuvieron alguna relación con los resultados lesivos registrados durante la crisis.
