Redes sociales La Fiscalía al rescate de Begoña Gómez: nueva estrategia para salvarla del banquillo
En un acto de desesperación, la Fiscalía vuelve a salir al rescate de la mujer de Pedro Sánchez
La Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid ha solicitado el sobreseimiento de una pieza separada en el conocido "caso Begoña Gómez". Este caso gira en torno a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su rol en una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.
Los fiscales argumentan que no hay indicios de delito. Todo se basa en un análisis detallado de 121 correos electrónicos, estos mensajes fueron intercambiados entre Cristina Álvarez, asesora de Gómez, y Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la UCM.
El juez Juan Carlos Peinado ordenó su entrega hace diez días. Ahora, la Guardia Civil los estudia a fondo.
El foco está en la cátedra extraordinaria "Social Competitiva". Begoña Gómez la codirigía desde 2021 hasta julio de 2024. Según la Fiscalía, Gómez no cobraba por este trabajo, según la Fiscalía, los correos muestran comunicaciones normales sobre la agenda de la cátedra.
Incluyen preparaciones de reuniones y eventos y también cubren visitas y asistencias telefónicas. Nada apunta a irregularidades graves.
"Álvarez ha enviado y recibido correos en el marco de la actividad de la cátedra", explica el fiscal en su escrito. Él añade que no hubo "menoscabo al patrimonio público". Esto descarta cualquier desvío de fondos estatales.
Cristina Álvarez trabaja como personal eventual del Ejecutivo. Su rol principal es apoyar a Begoña Gómez en tareas diarias.
Según estos fiscales, la función de Álvarez va desde la gestión de documentos hasta acompañarla en viajes y la Fiscalía aclara que estas labores extras no interfirieron con sus deberes oficiales.
"No se trata de alguien que cobra sin trabajar", resalta el fiscal. Sin embargo, existe una sentencia que condena el uso de recursos públicos, tanto en metálico como en recursos humanos.
El caso se enmarca en una investigación más amplia | Redes sociales
Álvarez es funcionaria pública por ley. Pero el ministerio público ve sus acciones como legítimas. Por eso, pide archivar el caso para ella, Gómez y Francisco Martín Aguirre.
Este último es el delegado del Gobierno en Madrid. Los tres están imputados en esta rama de la investigación.
Las pruebas acorralan a Begoña Gómez y la UCO las analiza
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil prepara un informe clave. Analizará el valor probatorio de los correos en el período cubierto va de 2021 a 2024. En ese tiempo, Álvarez y Doadrio coordinaron aspectos de la cátedra.
La UCM entregó los mensajes al juzgado de instrucción número 41. El juez Peinado los pidió para verificar posibles delitos de malversación, sin embargo, la Fiscalía cree que no hay base para seguir adelante.
El caso se enmarca en una investigación más amplia. Incluye dudas sobre el uso de recursos públicos en proyectos ligados a Begoña Gómez.
Juan Carlos Doadrio, como exvicerrector, jugó un papel central. Él gestionaba las operaciones diarias de la UCM.
Francisco Martín Aguirre entra en escena por su rol oficial. Como delegado, supervisa políticas en Madrid. Su imputación parece secundaria.
Más noticias: