García Ortiz fue imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos
El fiscal general del Estado aún sigue dando de qué hablar. Álvaro García Ortiz hace uso de la abogada del Estado Zaida Isabel Fernández Toro para hacer frente a su imputación.
Así lo asegura Okdiario, una abogada que firmó la querella presentada por Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado. Recordemos que García Ortiz fue imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos.
La decisión de García Ortiz de recurrir a la Abogacía del Estado en lugar de hacer uso de un abogado particular ha traído mucha indignación. alegando que "es indecente", según el medio.
Tal y como recoge el medio, Fernández Toro logró destacar al posicionarse en contra del novio de Isabel Díaz Ayuso. Su actuación incluyó la purga del abogado del Estado, David Vilas, reemplazándolo en su puesto. Fernández Toro rechazó avalar el acuerdo que buscaba dilatar el proceso, un acuerdo que beneficia políticamente al PSOE, que persigue, a toda costa, debilitar a la presidenta autonómica.
Antes de García Ortiz, María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, recurre a la Abogacía del Estado.
Tomó esta decisión para hacer frente a las reclamaciones de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Amador quien le exigía una suma de 40.000 euros.
La socialista hizo declaraciones en los pasillos del Senado sobre el expediente fiscal del pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta acción tuvo consecuencias, por lo que la pareja sentimental de la popular ha decidido demandarla.
En lugar de recurrir a un abogado particular, Montero quiso hacer uso de la Abogacía del Estado. De esta manera, se suma a su líder y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, según el citado diario, también hizo uso de esta institución para salir beneficiado.
Sánchez también utilizó este organismo para sus fines. El líder socialista acudió a la Abogacía del Estado. Lo hizo para declarar secreto el megacontrato de diez millones de euros al socio de su mujer, Begoña Gómez.
Recordemos que Begoña Gómez está siendo investigada por unos presntos delitos. Entre los que destacan tráfico de influencias y corrupción empresarial debido a las cartas de recomendación. Las firmó para mejorar las posibilidades de Barrabés en el proceso de licitación.
Al tomar esta decisión, Sánchez quiere hacer que la ciudadanía no sepa de la existencia de una documentación considerada clave para el caso Begoña. Tal y como explica el medio citado, se trata de "toda la documentación" que la compañía Innova Next, bajo la propiedad de Juan Carlos Barrabés, presentó en 2020. Para participar en los contratos multimillonarios otorgados por el organismo público Red.es.
