EDATV El fiscal García Ortiz no busca abogado y seguirá defendido por la Abogacía del Estado
Se declara convencido de su inocencia y de la legitimidad de seguir al frente de la Fiscalía General
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afrontará el juicio en el Tribunal Supremo sin abogado particular. No lo busca ni lo quiere. Su defensa ha reiterado, debe ser asumida por la Abogacía del Estado.
El proceso se celebrará a partir de otoño. El alto tribunal le juzgará por un presunto delito de revelación de secretos.
La causa nace de la información que difundió sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. A la que accedió en su condición de fiscal general.
Sin abogado el fiscal García Ortiz | Europa Press
García Ortiz ya ha depositado un aval inmobiliario como fianza. El juez instructor redujo esta semana la cantidad exigida hasta los 75.000 euros. Con ello se cubriría una posible indemnización en caso de condena.
El jefe del Ministerio Público no contempla dimitir. Según publica El Independiente, por fuentes fiscales, considera que mantenerse en el cargo es una forma de proteger la institución.
A su juicio, apartarse supondría abrir la puerta a que cualquier investigado trate de frenar pesquisas presentando denuncias contra los fiscales.
Ese mensaje lo repite en público y en privado. El pasado 5 de septiembre, en la apertura del año judicial ante el Rey Felipe VI, dijo:
“Si estoy aquí como fiscal general es porque creo en la Justicia. En el Estado de Derecho, en la imparcialidad y en la verdad”.
La misma convicción le lleva a rechazar un bufete privado. Otros dos fiscales imputados en la causa sí recurrieron a abogados particulares.
La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal Diego Villafañe optaron por penalistas de prestigio. Ambos terminaron fuera de la investigación.
En cambio, García Ortiz se mantiene bajo el amparo de los Servicios Jurídicos del Estado. La normativa establece que el personal de la Administración tiene derecho a esta cobertura si los hechos están vinculados con el ejercicio de su cargo. Para él, esa es la clave.
Las comparaciones no han faltado. En ámbitos de la Fiscalía se indica que cada vez que un fiscal ha elegido un abogado particular, el Supremo ha archivado el caso.
Villafañe contrató a Cristóbal Martell, conocido por defender a la familia Pujol o a Messi. Su declaración convenció al juez y la imputación cayó rápidamente.
Rodríguez estuvo más de un año investigada. La Guardia Civil registró su despacho y revisó su teléfono. En un primer momento confió en la Abogacía del Estado.
Pero cuando parecía que tendría que sentarse en el banquillo, recurrió a Daniel Campos, exfiscal con larga experiencia en penal. Su recurso prosperó y la investigación se cerró también para ella.
Pese a esos antecedentes, García Ortiz no se aparta de su línea. Confía en la Abogacía del Estado y no se plantea otra opción. Se declara convencido de su inocencia y de la legitimidad de seguir al frente de la Fiscalía General.
No actúa en defensa propia, sino en defensa de la institución. Y con ese argumento entrará en otoño al juicio que marcará su futuro y el de la propia Fiscalía.
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