Ex alto cargo del PSOE en Andalucía, condenado por el ERE de Fertiberia

 El ex director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, ha recibido una pena de cuatro años y un mes de prisión. El fallo refleja el uso irregular de dinero público bajo la gestión del PSOE andaluz

Rivera fue hallado culpable de malversación y prevaricación, además de quedar inhabilitado durante más de diez años. También deberá devolver a la Junta 682.598,50 euros, una suma que evidencia el alcance del desvío. Se trata de fondos que deberían haberse destinado al interés general y no a maniobras opacas.

En 2010, Rivera autorizó pagos por más de medio millón de euros relacionados con el ERE de Fertiberia. Firmó esas órdenes sin tener la autoridad legal necesaria y saltándose los trámites que exige la ley. Los jueces destacan que no se revisaron las cuentas ni se abrió un proceso público para conceder esas ayudas.

Es decir, no existió expediente legal alguno que avalara el uso de esos fondos. La concesión de las ayudas se realizó al margen de toda normativa y con total desprecio a la ley. Rivera actuó sabiendo que no tenía base legal, pero aprobó los pagos igualmente.

La sentencia señala que estas prácticas no fueron casos puntuales en la Junta socialista. Formaban parte de un sistema organizado para repartir dinero público sin control. El escándalo de los ERE se ha convertido en el ejemplo más visible del despilfarro del PSOE en Andalucía.

El origen del caso está en el ERE de Fertiberia de 2003, que afectó a 166 trabajadores. Los empleados podían elegir entre indemnizaciones o prejubilaciones mediante pólizas de seguros. La Junta se comprometió con millones de euros para sostener estas operaciones.

El tribunal absolvió al sindicalista de CCOO Juan Antonio Florido y al propio sindicato. No quedó demostrado que influyeran de forma decisiva en la concesión de las ayudas. Esto muestra que la responsabilidad principal estaba en los altos cargos de la Junta.

Uno de los jueces expresó en un voto particular que Rivera debía ser absuelto. Argumentó que los beneficiarios eran trabajadores reales y, por tanto, no podía hablarse de delito. Pero la mayoría del tribunal rechazó esa interpretación.

La sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Será este tribunal el que decida si mantiene o modifica la condena. Lo que está claro es que la herencia de los gobiernos socialistas en Andalucía sigue mostrando sus episodios más oscuros.

El caso de los ERE no es una excepción, sino un ejemplo más de la larga lista de escándalos que rodean al PSOE. Años de poder absoluto en Andalucía dejaron un reguero de clientelismo, despilfarro y corrupción.

Y lo más grave. Es que, todavía hoy, siguen apareciendo nuevos casos que recuerdan hasta qué punto el socialismo usó las instituciones para su beneficio propio.