Estos son los socialistas que han 'desgastado' la Abogacía del Estado

Son más de uno los socialistas que han utilizado la Abogacía del Estado. En primer lugar, María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez. Hizo uso de esta institución para hacer frente a las reclamaciones de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, quien le exigía una suma de 40.000 euros.

Tal y como explica Okdiario, la socialista hizo declaraciones en los pasillos del Senado sobre el expediente fiscal del pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta acción tuvo consecuencias, por lo que la pareja sentimental de la popular decidió demandarla.

En lugar de recurrir a un abogado particular, Montero ha querido hacer uso de la Abogacía del Estado. Sin embargo, no solo ella. Más concretamente, también lo hizo el propio Pedro Sánchez. 

Tal y como explicó Okdiario, el líder socialista acudió a la Abogacía del Estado para declarar secreto el megacontrato de diez millones de euros al socio de su mujer, Begoña Gómez. Recordemos que está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción empresarial debido a las cartas de recomendación. Las firmó para mejorar las posibilidades de Barrabés en el proceso de licitación.

García Ortiz usaría a fiscales de confianza

Otra polémica de este estilo está protagonizada por el fiscal general del Estado, también imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Supuestamente, según El Debate, Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid, habrían solicitado a sus respectivos equipos que recopilen información. Posteriormente, elaboren argumentos que les permitan desmontar las pruebas reunidas hasta el momento en la causa.

Así, según el medio, estarían usando fiscales afines para su propio beneficio. Lo que podría recordar a los dos casos explicados más arriba, que utilizarían la Abogacía del Estado para su beneficio.

Cerdán y Sánchez en la diana

Una nueva grabación incorporada a una causa judicial abierta por presunto fraude y blanqueo de capitales ha vuelto a colocar al entorno del PSOE  bajo el foco.

En el audio, al que ha tenido acceso El Confidencial, un empresario investigado por la Audiencia Nacional señala que María Leire Díez Castro actuaba siguiendo instrucciones de un "gran jefe". El mismo al que en la misma conversación se identifica presuntamente como "Pedro Sánchez".

Según esa misma fuente, la conocida como "fontanera de Ferraz" habría custodiado miles de archivos con información sensible destinada, presuntamente, a desacreditar a jueces y periodistas críticos con el Gobierno. Todo ello, siempre según la versión del empresario,  quien afirma haber sido contactado por Díez y por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a finales de abril.

Supuestamente, el objetivo habría sido obtener copias de esos archivos a cambio de supuestas promesas de "alivio procesal". Esto, por parte de la Fiscalía, una promesa que el interlocutor atribuye, de forma indirecta, a Moncloa.