Este es el giro que quiere dar García Ortiz a su investigación que lo deja retratado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sigue en el foco de todos. Sobre todo, tras su comparecencia en el Tribunal Supremo como imputado por presunto delito de revelación de secretos. Algunas situaciones que han ocurrido en torno a  García Ortiz han levantado sospechas entre los ciudadanos que lo han manifestado en redes sociales, ahora, el fiscal vuelve a sorprender. 

García Ortiz negó haber compartido detalles sobre la denuncia presentada por el fiscal Julián Salto. Más conocido como el 'caso del novio de Ayuso'. Esto, por los correos electrónicos en los que la defensa del empresario reconocía la comisión de dos delitos fiscales.

Asimismo, la respuesta del fiscal general cuando fue preguntado por la información que había sido borrada de su teléfono móvil, dio una respuesta que generó varias críticas en redes sociales.

Respecto a su cambio de teléfono móvil, ocurrido una semana después de que el Tribunal Supremo abriera una investigación en su contra, García Ortiz sorprendió con su respuesta. El fiscal general argumentó que su dispositivo contenía información sensible para la seguridad nacional.

Subrayó que:

Creo que hay muy pocas autoridades en España que manejen un volumen de información como el fiscal general.

Asimismo, defendió su hábito de eliminar datos de manera regular, justificándolo como una obligación legal. "Borro todo, absolutamente todo, porque así lo exige la normativa. No es una decisión personal, lo establece el reglamento de protección de datos de la Unión Europea y la legislación española".

Por último, calificó de "inferencia ilógica" la sospecha sobre su cambio de móvil. Además de esto, aclaró que solicitó el nuevo dispositivo en mayo de 2024, pero no lo activó hasta el 23 de octubre. Justamente ocho días después de que la Sala Penal del Supremo abriera la causa en su contra.

"Rotundamente no", respondió García Ortiz cuando su abogado le preguntó si había transmitido estos datos "directa o indirectamente" a la prensa o a personas vinculadas con el Gobierno de España.

El fiscal general de Pedro Sánchez también afirmó no tener constancia de los hechos. Asegura desconocer que desde la Fiscalía hubiera filtrado el correo del 2 de febrero de 2024. El mismo en el que el abogado de González Amador,  Carlos Neira,  propuso un acuerdo para admitir los delitos a cambio de una reducción de pena.

Además, negó haber obstaculizado dicho pacto, subrayando que el empresario "es un ciudadano con la plenitud de sus derechos legales y constitucionales".