Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro luego del ataque atribuido a Estados Unidos en Caracas.
La toma de posesión se produjo en un contexto de máxima tensión política, diplomática y militar, marcado por reacciones internacionales. Rodríguez asumió el mando del Ejecutivo mientras Maduro enfrenta cargos en territorio estadounidense, los cuales negó ante la justicia.
La ahora presidenta encargada figura desde hace años en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea por su actuación política.
El bloque comunitario mantiene a Delcy Rodríguez entre las 69 personas sujetas a sanciones individuales vinculadas al régimen venezolano. Estas medidas reflejan las profundas discrepancias entre Bruselas y Caracas en materia democrática e institucional. La inclusión de Rodríguez en la lista de sancionados no es reciente, ya que se remonta al mes de junio del año 2018.
Según el Consejo de la Unión Europea, las sanciones responden a acciones que afectan al Estado de Derecho en Venezuela.
Entre las acusaciones se incluyen decisiones que habrían debilitado las instituciones democráticas del país sudamericano.
La UE también vincula a Delcy Rodríguez con la represión de la sociedad civil y de la oposición política venezolana. Dichas actuaciones habrían derivado en violaciones sistemáticas de derechos humanos durante su desempeño en cargos de poder. Las sanciones europeas se reforzaron tras los acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Según Bruselas, ese proceso electoral estuvo marcado por irregularidades que afectaron la transparencia del resultado final.
