La atención psicológica a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz roza el esperpento. Una de las afectadas fue atendida en plena estación de Renfe de Huelva, entre operarios y coronas fúnebres. Un símbolo perfecto del desorden y la insensibilidad de la gestión pública.
Sara, 37 años, víctima del siniestro del 18 de enero, sigue de baja por lesiones físicas y secuelas psicológicas. Viajaba en el Alvia Madrid-Huelva que descarriló dejando 46 muertos. Hoy sigue esperando una atención médica digna que nunca llega.
Estas son las declaraciones de algunas de las víctimas del trágico accidente según EL MUNDO.
La aseguradora vinculada a Renfe le prometió asistencia psicológica, pero todo apunta a que será cancelada. El motivo es tan simple como escandaloso: ya no compensa económicamente. Cuando baja el nivel de emergencia, baja también el interés por las víctimas.
Y me va a llamar para decirme que no me atiende porque ya le ha sucedido a otros afectados
Como ya ha bajado el nivel de emergencia, Renfe o la empresa que está gestionando los psicólogos ya no les paga lo mismo
'Ahora mismo estoy un ansiolítico que me he tomado hace dos horas, tengo muchísima ansiedad, no puedo dormir'. A la situación médica se suma la incertidumbre administrativa. 'En vez de estar tranquila en casa tienes que estar continuamente indagando, preguntando, mandando emails'.
Sara forma parte del grupo de WhatsApp “comunidad afectada 18 de enero”. Allí, explica, se ayudan entre ellos porque nadie más lo hace.
Yo al menos tengo nociones de derecho y sé cómo moverme.
Ha sido la primera en acudir al Defensor del Pueblo. Denuncia que la gestión está aumentando 'el daño emocional y la indefensión'. Pide 'que se publique y facilite a cada afectado un protocolo único, completo y por escrito'.
Victoria Camacho, otra afectada del coche 3 del Alvia, también elevará su queja. Está aún recuperándose y apenas puede moverse. 'Necesito ayuda para incorporarme o acostarme'.
Tras el accidente acudió al Hospital Juan Ramón Jiménez. 'Vino un médico y me dijo que mi hospital de referencia era el Infanta Elena y que allí no me podían atender'. La respuesta fue clara:
Pues pide otro taxi.
'Ya la madrugada del día 20 no podía con el dolor'. Tras horas de espera, el diagnóstico llegó tarde. 'Tenía una rotura en las vértebras 1, 2 y 3'.
Victoria pasó diez días ingresada. También tenía una fractura en una costilla y un esguince en el pie. “No tenemos ni idea ninguno de cómo gestionar los trámites”.
El caos administrativo es generalizado. “Me acaba de decir mi hija que ha ido a reclamar el dinero del billete del tren y le han dicho que si se lo dan no puede reclamar nada”. A otros afectados sí se lo han devuelto.
Sara tampoco puede conducir. 'La medicación que estoy tomando dice literalmente que no puedo conducir'. Aun así, nadie asume los gastos de transporte.
“Llamo a reclamarlo y me dicen que no, que tienen que valorarlo, pero no me dan nada por escrito”. Solo tras advertir que grababa la conversación obtuvo respuesta. “Me parecía una vergüenza lo que estaban haciendo”.
“Sólo contando el gasto en fisios y en los taxis son 3.000 euros cada uno”. Ni ella ni su pareja han recibido soluciones. Ambos viajaban en el tren.
Sé que a algunos sí se lo han pagado, a ella le han dicho que sí se lo pueden dar pero que no puede luego reclamar nada porque es como si no hubiera cogido el tren.
La frase condensa el disparate de una gestión arbitraria y sin seguridad jurídica. Aceptar una devolución puede equivaler a renunciar a ser víctima.
Así, entre mensajes contradictorios y advertencias veladas, el sistema empuja a los afectados a elegir entre cobrar o reclamar. No hay garantías, no hay reglas claras y no hay respaldo institucional. Solo queda la sensación de que, para la administración, lo ocurrido sería más fácil de gestionar si nunca hubiera pasado.
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