La aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo ha comenzado a generar preocupación en España ante el posible aumento de la presión migratoria sobre territorios fronterizos como Canarias, Ceuta, Melilla o Baleares. Diversas administraciones autonómicas advierten de que el nuevo modelo impulsado por Bruselas podría convertir a algunas regiones españolas en puntos permanentes de recepción y control de inmigrantes llegados a Europa.
El acuerdo aprobado por la Unión Europea busca reformar el sistema de asilo comunitario mediante controles más rápidos en frontera, nuevos mecanismos de reparto entre países y procedimientos acelerados para la expulsión de migrantes con solicitudes rechazadas. Sin embargo, varios dirigentes autonómicos consideran que las zonas de entrada a Europa asumirán una carga mucho mayor en la gestión inmigratoria.
En el caso de Canarias, el temor se centra especialmente en que el archipiélago pueda acabar funcionando como un gran espacio de retención temporal para miles de inmigrantes llegados a través de la Ruta Atlántica. El incremento de llegadas registrado durante los últimos años ya ha provocado tensión en los recursos de acogida, en los servicios sociales y en la capacidad de atención de menores extranjeros no acompañados.
El Gobierno canario ha reclamado en varias ocasiones más coordinación con el Ejecutivo central y con las instituciones europeas para evitar que las islas soporten en solitario el impacto de la inmigración irregular. Desde el archipiélago consideran que todavía existen dudas sobre cómo se aplicará el reparto de inmigrantes y qué papel tendrán las regiones frontera dentro del nuevo sistema europeo.
