La Audiencia Nacional ha admitido una denuncia contra Luisa Ortega Díaz y Miguel Rodríguez Torres por crímenes de lesa humanidad. Ambos exfuncionarios chavistas residen en España y enfrentan acusaciones por torturas durante sus gestiones en Venezuela.
La denuncia fue presentada el 5 de mayo por Dulce Bravo, opositora venezolana exiliada en Argentina, respaldada por Urvex. Bravo relató haber sido secuestrada y torturada en 2002 por colaborar con militares opositores en la plaza Altamira de Caracas.
Según su testimonio, fue drogada, golpeada y amenazada para obtener información sobre el general disidente Felipe Rodríguez. Además, denunció que Rodríguez Torres le ofreció sobornos para revelar el paradero del mencionado general opositor.
Posteriormente, fue llevada a tribunales donde, por orden de Ortega Díaz, se le negó el derecho a declarar. La opositora también afirmó haber recibido amenazas constantes y vigilancia por parte de agentes de inteligencia.
El juez Antonio Piña solicitó a la Fiscalía un informe para determinar la competencia en la investigación de estos hechos. Ortega Díaz, exfiscal general de Venezuela, fue destituida en 2017 y posteriormente solicitó asilo en España en 2021.
Luisa Ortega Díaz
Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia, también reside en España tras romper con el chavismo. Ambos fueron figuras clave en la represión de manifestaciones opositoras y en casos como el de Leopoldo López.
La denuncia de Bravo se suma a otras iniciativas legales contra exfuncionarios venezolanos en territorio español. Organizaciones como Manos Limpias han mostrado su apoyo a estas acciones judiciales emprendidas por exiliados.
La Audiencia Nacional ya ha rechazado anteriormente querellas similares, como la presentada contra Rodríguez Zapatero. Sin embargo, este nuevo caso podría marcar un precedente en la aplicación de la jurisdicción universal en España.
Miguel Rodríguez Torres
La investigación se centra en determinar si los hechos denunciados constituyen delitos de lesa humanidad perseguibles. La comunidad venezolana en el exilio espera que se haga justicia y se reconozcan las violaciones de derechos humanos.
Este caso refleja la creciente presión internacional sobre exfuncionarios chavistas refugiados en países europeos. La colaboración entre víctimas, organizaciones y sistemas judiciales es clave para avanzar en estos procesos legales.
El desarrollo de esta investigación será seguido de cerca por defensores de derechos humanos y la diáspora venezolana.
