España cae a su peor posición en tres décadas en el Índice de Corrupción durante el mandato de Pedro Sánchez

España ha registrado en 2025 su peor resultado de las últimas tres décadas en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. El informe sitúa al país en el puesto 49 de un total de 182 Estados, tres posiciones por debajo del año anterior, tras perder un punto en su valoración global. Con 55 puntos sobre 100, España firma su nota más baja desde que existen registros comparables, un dato que coincide con los años de gobierno de Pedro Sánchez.

El retroceso consolida una tendencia negativa que se viene arrastrando desde hace varios ejercicios el Gobierno de Sánchez. Algo que aleja a España de los estándares de transparencia de las democracias más avanzadas de su entorno.

Aunque el país se mantiene por encima de la media mundial, el descenso resulta especialmente significativo al compararlo con socios europeos. Que han logrado estabilizar o mejorar sus posiciones en el ranking.

La presidenta de Transparencia Internacional España, Silvina Bacigalupo, explicó en un acto público la caída española. Señaló que “se enmarca en una tendencia general de descenso en la clasificación mundial”. Aunque matizó que el caso español presenta elementos propios que agravan la situación.

Según Bacigalupo, el empeoramiento responde, entre otros factores, a la pérdida de posiciones en indicadores internacionales. Unos que miden la transparencia institucional, el acceso a la información pública, la independencia judicial y la eficacia de los órganos de control.

Uno de los aspectos clave señalados por la organización es la brecha entre la normativa aprobada y su aplicación real. España ha impulsado en los últimos años reformas legislativas en materia de transparencia y buen gobierno. Pero estas no se han traducido, según el informe, en mejoras perceptibles en el funcionamiento de las instituciones.

Esta distancia entre el plano legal y la práctica cotidiana es, a juicio de Transparencia Internacional, una de las principales debilidades del sistema.

La organización también subraya la responsabilidad compartida del conjunto de las instituciones políticas. “Corresponde a todos los diputados”, señaló Bacigalupo, avanzar en la implementación efectiva de las normas y en el fortalecimiento de los mecanismos de control. En este sentido, reclamó la necesidad de políticas de consenso y de una estrategia nacional contra la corrupción que permita identificar disfunciones estructurales y corregirlas de forma sostenida.

El informe descarta la necesidad de crear nuevos organismos, pero insiste en la urgencia de coordinar y reforzar los ya existentes. Dotándolos de mayor independencia y recursos. La debilidad de los controles, la lentitud de los procedimientos y la falta de consecuencias políticas claras ante determinados casos siguen lastrando la percepción pública.

El dato adquiere una dimensión política relevante al coincidir con un periodo marcado por tensiones institucionales y reformas controvertidas. Sumado a un clima de creciente desconfianza ciudadana hacia la clase política. La caída en el índice de corrupción supone un toque de atención para el Gobierno y para el conjunto del sistema democrático.