EDATV El escándalo Leire Díez estalla y amenaza con hundir a Sánchez
La exmilitante socialista es investigada por sobornos a fiscales y el PP exige explicaciones urgentes al presidente
En pleno mes de agosto, cuando la Justicia solo atiende procedimientos urgentes, el Juzgado Número 9 de Madrid ha dado un paso clave.
Ha abierto diligencias previas contra la exmilitante socialista Leire Díez y ha remitido el expediente a otro tribunal para unificar la causa.
La Fiscalía también ha solicitado que se investigue a la conocida “fontanera” de Ferraz por un presunto intento de soborno a fiscales.
Según la investigación, Díez habría ofrecido contraprestaciones a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa. El objetivo era obtener información sensible de las investigaciones que ambos dirigían.
La implicación directa de la exdirigente local socialista pone al Ejecutivo de Pedro Sánchez en el centro de la polémica.
El caso afecta de lleno al Gobierno. Díez fue teniente de alcalde socialista en Vega de Pas, Cantabria, antes de pasar a ocupar cargos en empresas públicas.
Entre 2018 y 2021 trabajó como jefa de Comunicación en Enusa, mientras que entre 2022 y 2024 fue directora de Filatelia y en Correos.
Su cercanía a altos cargos del PSOE refuerza la gravedad del caso. El nombre de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido, aparece en varios testimonios. Incluso se apunta a que el propio presidente Pedro Sánchez habría estado al tanto de algunos movimientos.
El encuentro con el fiscal Stampa
Uno de los episodios clave se produjo en una reunión entre Stampa, Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. El fiscal acudió pensando que recibiría disculpas por el trato sufrido durante su etapa en Anticorrupción.
Sin embargo, según la investigación, se le pidió información sobre causas abiertas y supuestas irregularidades cometidas por funcionarios. | Europapress
Sin embargo, según la investigación, se le pidió información sobre causas abiertas y supuestas irregularidades cometidas por funcionarios.
A cambio, se le habría ofrecido apoyo para resolver los recursos que mantenía tras no conseguir una plaza fija en Anticorrupción. El intercambio sitúa el caso en el terreno de la corrupción institucional, con graves implicaciones para la credibilidad del sistema judicial.
El intento de soborno a Grinda
Otro episodio compromete al fiscal José Grinda. En febrero denunció que el periodista Pere Rusiñol le entregó un escrito presuntamente procedente de “las más altas instituciones del Estado”.
En el documento se le proponía archivar siete investigaciones a cambio de un cargo en el extranjero y compensaciones económicas.
Este movimiento ampliaba las sospechas de un plan organizado para desactivar causas judiciales sensibles. Entre ellas, algunas que afectaban directamente a dirigentes socialistas y a miembros del Gobierno.
Amenazas y ofrecimientos a cambio de información
La investigación también apunta a que Díez ofreció beneficios judiciales al empresario Alejandro Hamlyn. A cambio, le pedía información comprometedora contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Incluso llegó a señalar que sería “mejor” si el teniente coronel Antonio Balas, clave en las pesquisas sobre el PSOE y Begoña Gómez, estuviera “muerto”.
Aunque la exmilitante socialista ha negado estos hechos, alegando que su trabajo se enmarcaba en un supuesto “proyecto periodístico”, los testimonios la contradicen. Pérez Dolset afirmó que tanto Santos Cerdán como Sánchez estaban informados de la operación.
La oposición no ha tardado en reaccionar. La eurodiputada Dolors Monserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo, anunció el registro de una petición formal de comparecencia urgente.
Reclama que Sánchez acuda al Congreso en sesión extraordinaria para dar explicaciones sobre los escándalos que rodean a su Ejecutivo.
El documento exige aclaraciones no solo sobre la investigación a Leire Díez. También sobre las nuevas imputaciones que afectan a Begoña Gómez y sobre el incumplimiento de las recomendaciones del GRECO en materia anticorrupción. | Correos
El documento exige aclaraciones no solo sobre la investigación a Leire Díez. También sobre las nuevas imputaciones que afectan a Begoña Gómez y sobre el incumplimiento de las recomendaciones del GRECO en materia anticorrupción.
El escándalo ha abierto un nuevo frente para el Gobierno en un contexto político ya marcado por sospechas de corrupción.
La combinación de posibles sobornos a fiscales, amenazas y uso partidista de cargos públicos compromete seriamente la imagen del Ejecutivo.
Mientras tanto, la causa sigue avanzando en los tribunales. Lo que en un principio parecía un episodio aislado, se perfila como una trama con ramificaciones institucionales y políticas de gran calado.
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