Mediaciones Martínez S.L. no era una gran consultora, ni una firma con estructura conocida, ni una compañía con músculo empresarial suficiente para intervenir en operaciones millonarias vinculadas al sector público. Sobre el papel, aparecía como una sociedad dedicada a la mediación, la intermediación y los servicios empresariales. En la práctica, según la UCO y la Audiencia Nacional, habría sido mucho más: el vehículo utilizado para canalizar las mordidas del denominado grupo “Hirurok”, integrado por Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández.
El juez situó a esa red en cinco operaciones bajo sospecha que suman 132,9 millones de euros y atribuyó al grupo el cobro de 750.614 euros en comisiones presuntamente ilegales, canalizadas a través de Mediaciones Martínez S.L.
Leire Díez y la empresa Mediaciones Martínez
Empresa pantalla en la trama SEPI
La clave del caso está precisamente ahí: una sociedad pequeña, con capital mínimo, escasa actividad acreditada y sin una estructura productiva relevante habría servido para vestir de legalidad pagos que, según los investigadores, no respondían a trabajos reales de consultoría o intermediación. Las facturas, siempre bajo conceptos aparentemente neutros, habrían funcionado como cobertura documental para justificar el cobro de comisiones pactadas previamente.
La mercantil aparece en el sumario como el principal instrumento de cobro de la trama. Según la UCO, Díez, Fernández y Alonso habrían utilizado su influencia en la SEPI y su red de contactos en empresas públicas para orientar expedientes administrativos en favor de determinadas compañías. Después, esos pagos eran derivados a Mediaciones Martínez bajo la apariencia de servicios profesionales.
Uno de los episodios centrales es el rescate de Tubos Reunidos, aprobado por la SEPI por 112,8 millones de euros. En esa operación, los investigadores atribuyen al grupo Hirurok gestiones para desbloquear la ayuda y apuntan a una comisión de unos 114.950 euros facturada a través de Mediaciones Martínez. El juez también incluye en la causa contratos de Mercasa, Enusa, Sepides y el Parque Empresarial del Principado de Asturias.
Antxón Alonso, Leire Díez y Vicente Fernández
El rastro societario añade más preguntas. Mediaciones Martínez cambió su denominación en 2024 y pasó a llamarse Promociones Inmobiliarias Ku-Ma S.L. Los registros mercantiles consultados recogen que la sociedad tuvo como administrador único a Carmelo Aznárez Pellicer y que trasladó su domicilio a la calle Serrano, 76, en Madrid, después de haber tenido sede en Zaragoza.
Para la UCO, Aznárez habría desempeñado un papel instrumental: dar cobertura formal a la entrada y salida de fondos, emitir facturas y facilitar la redistribución del dinero. No aparece como el núcleo político de la trama, pero sí como una pieza contable esencial para que el sistema funcionara.
La investigación también apunta al destino del dinero. Parte de los fondos que entraban en Mediaciones Martínez se habría destinado a inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca, y otra parte a pagos directos a los investigados. En el caso de Vicente Fernández, las pesquisas señalan al menos 49.350 euros recibidos mediante transferencias e ingresos en efectivo.
El caso conecta ahora con la investigación más amplia sobre las llamadas cloacas del PSOE. La UCO ha remitido nuevos informes al juez Santiago Pedraz en los que vincula a Leire Díez con maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, además de situar al expresidente de Correos Juan Manuel Serrano en la órbita de la trama.
La fotografía que dibuja el sumario es la de una estructura de doble uso: por un lado, influencia política y contactos en empresas públicas; por otro, una sociedad pantalla para transformar presuntas comisiones en facturas, inversiones y pagos aparentemente ordinarios. Mediaciones Martínez no era el escaparate. Era, según la UCO, la caja por la que circulaba el dinero.
