Mediaciones Martínez S.L. no era una gran consultora, ni una firma con estructura conocida, ni una compañía con músculo empresarial suficiente para intervenir en operaciones millonarias vinculadas al sector público. Sobre el papel, aparecía como una sociedad dedicada a la mediación, la intermediación y los servicios empresariales. En la práctica, según la UCO y la Audiencia Nacional, habría sido mucho más: el vehículo utilizado para canalizar las mordidas del denominado grupo “Hirurok”, integrado por Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández.
El juez situó a esa red en cinco operaciones bajo sospecha que suman 132,9 millones de euros y atribuyó al grupo el cobro de 750.614 euros en comisiones presuntamente ilegales, canalizadas a través de Mediaciones Martínez S.L.
Empresa pantalla en la trama SEPI
La clave del caso está precisamente ahí: una sociedad pequeña, con capital mínimo, escasa actividad acreditada y sin una estructura productiva relevante habría servido para vestir de legalidad pagos que, según los investigadores, no respondían a trabajos reales de consultoría o intermediación. Las facturas, siempre bajo conceptos aparentemente neutros, habrían funcionado como cobertura documental para justificar el cobro de comisiones pactadas previamente.
La mercantil aparece en el sumario como el principal instrumento de cobro de la trama. Según la UCO, Díez, Fernández y Alonso habrían utilizado su influencia en la SEPI y su red de contactos en empresas públicas para orientar expedientes administrativos en favor de determinadas compañías. Después, esos pagos eran derivados a Mediaciones Martínez bajo la apariencia de servicios profesionales.
Uno de los episodios centrales es el rescate de Tubos Reunidos, aprobado por la SEPI por 112,8 millones de euros. En esa operación, los investigadores atribuyen al grupo Hirurok gestiones para desbloquear la ayuda y apuntan a una comisión de unos 114.950 euros facturada a través de Mediaciones Martínez. El juez también incluye en la causa contratos de Mercasa, Enusa, Sepides y el Parque Empresarial del Principado de Asturias.
