El Gobierno de Pedro Sánchez ultima la aprobación de un decreto para la regularización masiva de inmigrantes en situación irregular, una medida que podría beneficiar a cerca de 500.000 personas. Sin embargo, el proceso ha generado controversia tras conocerse que la gestión administrativa contará con la participación de Tragsa y su filial Tragsatec, empresas que ya han estado en el foco mediático por su vinculación con el denominado caso Ábalos.
Todo por la contratación de Jessica, la amiga íntima del exministro Ábalos. De hecho, la semana pasada, su jefa en Tragsatec reconocía que no fichaba y que además, se le pedía que se la dejara en paz.
La iniciativa, fruto de un acuerdo con Podemos, prevé simplificar los requisitos para obtener la residencia, incluyendo la posibilidad de acreditar la ausencia de antecedentes penales mediante una declaración responsable. Además, el texto otorga un papel relevante a entidades del Tercer Sector para determinar qué solicitantes cumplen los criterios de vulnerabilidad.
Tragsatec, en el centro de la polémica
La elección de Tragsatec ha despertado críticas tanto en el ámbito político como jurídico. El Consejo de Estado ha señalado en su dictamen la falta de claridad sobre los motivos que han llevado al Ejecutivo a considerar a estas empresas como las más adecuadas para gestionar un proceso de tal envergadura.
El órgano consultivo destaca la escasa información proporcionada por el Gobierno sobre los criterios de selección, subrayando que no es posible conocer cómo se ha desarrollado el proceso que ha desembocado en esta decisión. Este señalamiento pone en cuestión los principios de transparencia y objetividad que deben regir la contratación pública.
