El Gobierno de Pedro Sánchez anunció con solemnidad un paquete de medidas para mostrar un giro duro frente a Israel. Nueve iniciativas destinadas, según Moncloa, a marcar distancia y tratar de frenar la ofensiva sobre Gaza.
Entre ellas, una de las más llamativas fue la prohibición de entrada al espacio aéreo español de aviones con material de defensa destinado a Israel. La medida parecía contundente. Pero sobre el papel se ha demostrado ineficaz.
El motivo está en el viejo Convenio de Cooperación para la Defensa firmado entre España y Estados Unidos en 1988. Ese acuerdo, que sigue plenamente vigente, concede a Washington un margen de maniobra casi absoluto en las bases de Rota y Morón. Según El Mundo, ese marco jurídico hace prácticamente imposible que el Gobierno español pueda controlar el destino final de los vuelos estadounidenses que hagan escala en territorio nacional.
Estados Unidos, principal socio militar de Israel, tiene un contrato de 17.000 millones de euros con Tel Aviv. Incluye, entre otros, el suministro de 50 cazas F-15 que llegarán a partir de 2029.
Con ese telón de fondo, el veto español parece más un gesto simbólico que una medida real. “Hecha la ley, hecha la trampa. La medida tiene eficacia cero”, explican quienes han participado en los procesos de control de vuelos.
El convenio estipula que la Fuerza Aérea estadounidense debe informar al Comité Permanente de Defensa sobre los planes de vuelo y la carga transportada. Sin embargo, no está obligada a detallar el destino final de ese material.
Así, los vuelos con “carga caliente”, es decir, armas, pueden limitar la información suministrada a las autoridades españolas. Basta con comunicar la escala en Morón o Rota. El resto del trayecto puede quedar oculto, desviándose a un país del Golfo y de ahí a Israel.
