El primero fue detectado por la Guardia Civil a siete millas de La Restinga, en El Hierro, y contenía a cuatro varones subsaharianos
Las islas de El Hierro y Gran Canaria vuelven a ser escenario de la llegada incesante de inmigración ilegal procedente del continente africano.
Salvamento Marítimo ha interceptado dos cayucos con 27 inmigrantes ilegales, a quienes trasladaron a muelles sin apenas control ni transparencia. El primero fue detectado por la Guardia Civil a siete millas de La Restinga, en El Hierro, y contenía a cuatro varones subsaharianos.
El segundo, a unas quince millas de Arguineguín, llegó con 23 ilegales más: 22 hombres y una mujer, según datos oficiales. Ambos grupos fueron desembarcados "en buen estado de salud", pero sin detallar si había antecedentes o peligros sanitarios asociados.
La operación se llevó a cabo de madrugada, cuando la visibilidad es mínima y el control aún más laxo de lo habitual en estos casos. El operativo fue asumido por la Salvamar Adhara y la Guardamar Urania, sin información pública sobre el coste de dichos rescates.
Con estas nuevas entradas, el colapso migratorio en Canarias se agrava mientras el Gobierno continúa mirando hacia otro lado. La saturación en los centros de acogida es evidente, pero la respuesta institucional sigue centrada en justificar lo injustificable.
Estas llegadas ilegales no son hechos aislados. Se repiten día tras día mientras crece la inseguridad en municipios costeros. Vecinos denuncian el abandono institucional, la falta de transparencia en los traslados y el aumento de delitos en sus barrios.
El Ejecutivo, lejos de endurecer el control fronterizo, sigue facilitando estas entradas con un efecto llamada cada vez más potente. La inmigración ilegal no solo tensión los servicios públicos, también afecta la convivencia y genera alarma social en muchas islas.
Ni el Ministerio del Interior ni el de Migraciones han explicado cómo se gestionarán estas nuevas entradas ni su coste para el contribuyente. Mientras tanto, ONG subvencionadas gestionan recursos públicos sin control, acogiendo ilegales en hoteles y centros turísticos vacíos.
Los canarios se sienten ignorados por un Gobierno más preocupado por quedar bien en Bruselas que por proteger sus fronteras. El discurso buenista y la política de brazos abiertos están dejando a las islas en una situación límite e insostenible.
La llegada de cayucos no cesa y los medios afines intentan blanquear una realidad que golpea con fuerza a los ciudadanos.
