La Justicia alemana ha sentenciado a dos ciudadanos afganos por conspirar para atacar el Parlamento de Suecia. Los acusados, identificados como Ibrahim M.G., de 30 años, y Ramin N., de 24, fueron condenados a cinco años y seis meses, y cuatro años y dos meses de prisión, respectivamente. Ambos residían en Gera, Turingia, y planeaban el ataque en represalia por las quemas del Corán en Suecia.
Los condenados, influenciados por propaganda del Estado Islámico, intentaron adquirir armas en el mercado negro checo sin éxito. Fueron arrestados en marzo de 2024 al regresar de la República Checa, tras estar bajo vigilancia de las autoridades alemanas.
La fiscalía alemana destacó que los acusados planearon "matar a policías y otras personas en Estocolmo, cerca del Parlamento sueco, con armas de fuego". Este plan surgió como respuesta a las quemas del Corán en Suecia, que provocaron indignación en la comunidad musulmana.
Ambos hombres llegaron a Alemania en 2015 y 2016, respectivamente, y se radicalizaron mediante propaganda en línea del Estado Islámico. Además, organizaron colectas de donaciones en Alemania, recaudando cerca de 2.000 euros destinados a miembros del EI detenidos en el norte de Siria.
Las autoridades alemanas, en colaboración con sus homólogos suecos, frustraron el ataque antes de que se llevara a cabo. Este caso resalta la continua amenaza del terrorismo yihadista en Europa y la importancia de la cooperación internacional para prevenir ataques.
La sentencia subraya la determinación de Alemania para combatir el extremismo y proteger la seguridad pública. Los condenados aún pueden apelar la decisión del tribunal.
Este caso también pone de manifiesto la necesidad de abordar la radicalización en línea y la influencia de grupos terroristas en individuos vulnerables. Las autoridades continúan trabajando para identificar y desarticular redes que promuevan el extremismo violento.
La cooperación entre países europeos es esencial para enfrentar amenazas terroristas transnacionales. Este incidente demuestra la eficacia de los esfuerzos conjuntos en la prevención de ataques y la protección de los ciudadanos.
