Informantes de la administración Biden han revelado terribles acusaciones sobre el uso indebido de miles de millones de dólares de los contribuyentes para facilitar el tráfico de niños en la frontera, a través de un contratista gubernamental que no verificaba adecuadamente a los patrocinadores encargados del cuidado de los menores no acompañados detenidos al cruzar la frontera.
Deborah White, empleada federal asignada a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos, testificó ante senadores republicanos el martes, describiendo múltiples casos de aparente tráfico de menores y patrocinadores inapropiados.
"Lo que descubrí fue aterrador: niños eran traficados con miles de millones de dólares de los contribuyentes por un contratista que no verificaba a los patrocinadores y no procesaba a los niños de manera segura, con la complicidad de funcionarios del gobierno", declaró White durante una mesa redonda coorganizada por los senadores Chuck Grassley, Bill Cassidy y Ron Johnson.
White calificó el programa de ORR como "el mayor fracaso en la historia del gobierno que he presenciado". Añadió que, a pesar de haber descubierto un caso de tráfico de menores en junio de 2021, los niños continuaron siendo enviados a lugares peligrosos con patrocinadores inadecuadamente verificados.
"Los niños eran enviados a direcciones que resultaron ser casas abandonadas o inexistentes en algunos casos," explicó White. "En Michigan, un niño fue enviado a un campo abierto, incluso después de que reportamos una llamada al 911 tras escuchar a alguien gritar pidiendo ayuda, y aun así el niño fue enviado."
White también denunció que cuando planteó preocupaciones sobre las fallas del contratista y solicitó ver el contrato, le dijeron: "No vas a obtener el contrato y no preguntes de nuevo". Ante la negativa, decidió crear entrenamientos para reportes de incidentes significativos de abuso sexual y para identificar tráfico, con el objetivo de capacitar a los administradores de casos.
