La Diputación de Valencia ofrecerá formación de bienestar animal

La Diputación de Valencia y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lanzarán un programa de formación dirigido a los ayuntamientos para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente sobre bienestar animal. La FEMP ofrecerá cursos en línea para técnicos municipales, mientras que la Diputación organizará acciones formativas adicionales enfocadas en el diseño de estrategias y presupuestos para cumplir con la legislación vigente.

Avelino Mascarell, diputado de Medio Ambiente, y Cristina Montalvá, Directora General de Igualdad y Políticas Locales de la FEMP, se reunieron en Madrid para coordinar posibles acciones conjuntas entre ambas entidades. Mascarell subrayó la importancia de proporcionar a los ayuntamientos herramientas formativas prácticas y unificadas para que puedan adaptarse rápidamente a las exigencias normativas, como la implementación de protocolos de actuación y la formalización de convenios.

Durante la reunión, se discutieron las normativas nacionales y autonómicas, como la Ley Nacional 7/2023 y la Ley Autonómica 2/2023, que imponen nuevas responsabilidades a los ayuntamientos en la protección de los animales, con un plazo de dos años para adaptarse a las disposiciones legales. Mascarell destacó que, aunque la Conselleria está trabajando en la formación obligatoria, los municipios se enfrentan a grandes dificultades para cumplir con estas obligaciones debido a los altos costes de ejecución y los limitados recursos humanos.

Cristina Montalvá manifestó su apoyo a los municipios valencianos y explicó que la FEMP está desarrollando cursos en colaboración con el Ministerio, cuyo objetivo es ofrecer soluciones prácticas y sencillas. Estos cursos se sumarán a los que la Diputación de Valencia organizará a través de su área de Formación, liderada por Ricardo Gabaldón.

Además, Mascarell solicitó que la FEMP inste al Ministerio competente a habilitar una línea de atención para concejales y técnicos municipales. Subrayó que las necesidades de los ayuntamientos no fueron atendidas adecuadamente en 2023, ya que el presupuesto asignado solo cubría inversiones y no servicios legales, veterinarios o formativos, lo que impidió la correcta ejecución de la normativa.