El dineral que gasta el Congreso en traducir las sesiones en las lenguas cooficiales

El Congreso ha cerrado un contrato de 3,9 millones para traducir al español intervenciones en lenguas cooficiales como el catalán y el euskera. El acuerdo incluye servicios de traducción, subtitulado e interpretación en directo cada vez que un diputado habla en una lengua distinta al castellano.

A eso hay que sumarle 1,6 millones extra para reformar ocho salas del Congreso con equipos para traducción simultánea y conferencias. Los costes diarios en días de pleno rondan los 4.500 euros solo en traducción y transcripción. Aparte, 53.000 euros se fueron en pinganillos.

Esta iniciativa surge de pactos con partidos como ERC y Junts, que pidieron poder expresarse en su lengua para apoyar la investidura. Pero muchos ven un gasto difícil de justificar. Al fin y al cabo, todos los diputados dominan el español y podrían entenderse sin traductores.

Desde la asociación Hablemos Español denuncian que es una medida política que privilegia lo simbólico sobre la eficiencia institucional. El contrato detalla tarifas como 0,034 euros por palabra traducida o 145 euros por hora de interpretación en directo durante los plenos.

Curiosamente, algunos precios han sido considerados “anormalmente bajos”, lo que ha obligado a activar controles de calidad del servicio. En conjunto, el Congreso y el Senado destinarán más de 4,3 millones a facilitar lo que muchos consideran un capricho identitario.

En el Senado, el uso de lenguas cooficiales solo se permite en plenos y algunas comisiones. Pero ahora se quiere extender a todo el hemiciclo. Nacionalistas vascos, catalanes y gallegos ya han registrado una propuesta para que se puedan usar en todas las comisiones del Senado.

La proposición defiende que se trata de garantizar el derecho a expresarse en la lengua propia, como símbolo de respeto a la diversidad. Sin embargo, en el propio texto de la propuesta reconocen que no saben cuánto costará aplicar la medida en toda la Cámara Alta.

Según Hablemos Español, el Congreso ya gasta más de 3,2 millones al año en traducciones, y eso sin contar el IVA. La asociación también denuncia que, mientras se derrocha en traducciones en Madrid, se discrimina el uso del español en regiones bilingües.

Dicen que en comunidades como Cataluña y Galicia encontrar carteles o atención sanitaria en castellano es cada vez más difícil. Y mientras tanto, el Congreso se equipa como si los diputados no pudieran entenderse entre ellos sin ayuda de intérpretes.

El debate no está solo en el coste, sino en el mensaje político que se lanza al poner por delante la lengua a la comprensión. Con todo, la factura sube cada mes, y muchos se preguntan si este es el mejor uso del dinero público en un momento de recortes.