El gasto social ya supone el 66% del presupuesto estatal y seguirá creciendo por el envejecimiento poblacional
Cuatro de cada diez euros del gasto público de 2023 fueron destinados a pensiones, prestaciones por desempleo y ayudas sociales, según el último informe del Ministerio de Hacienda. Estas partidas sumaron 277.104 millones de euros, de un presupuesto total de 681.000 millones.
El informe sobre la Clasificación de las Funciones de las Administraciones Públicas (Cofog) refleja que el gasto en pensiones y otras prestaciones sociales creció un 27,9% desde 2019.
En términos de Producto Interior Bruto (PIB), el gasto público representó el 45,5%, casi la mitad de la producción económica anual del país. En comparación con 2019, el gasto total de las administraciones aumentó un 29,3%.
Tras las ayudas sociales, las mayores partidas presupuestarias fueron destinadas a salud y servicios públicos generales.
Para medicamentos, ambulatorios y hospitales se destinaron 98.600 millones, una cantidad superior a la prevista para los servicios públicos generales, que alcanzaron los 84.784 millones.
El gasto social, que engloba vivienda, salud, educación y protección social, alcanzó el 66% del total del gasto público. En términos del PIB, supuso el 29,79%, dos puntos más que el año anterior.
Esto significa que dos de cada tres euros gastados por el Estado fueron destinados a este tipo de políticas.
El año 2020 marcó un hito en el gasto, las medidas adoptadas por la crisis sanitaria del COVID-19 hicieron que superara el 50% del PIB.
En 2023, la proporción cayó cinco puntos, pero el crecimiento de las ayudas sociales, las pensiones y la atención sanitaria continúan impulsando el gasto.
En 2020, los expedientes de regulación temporal de empleo, los programas de compra de medicamentos y las ayudas directas elevaron hasta los 580.000 millones.
Desde entonces, el incremento ha sido continuo, alcanzando los 681.000 millones en 2023. Este aumento parece imparable, debido a la creciente presión sobre el sistema de pensiones y la expansión de programas de asistencia.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que el gasto público siga aumentando en las próximas décadas.
Para 2035, se estima que alcanzará el 48% del PIB, y en 2050 podría superar el 52%. Este crecimiento dependerá de la evolución de la economía y de reformas en la edad de jubilación y el cálculo de pensiones.
Las proyecciones indican que el gasto en pensiones alcanzará un máximo del 53% del PIB en 2058, para estabilizarse por debajo del 53% en 2070.
La principal causa de este incremento es el envejecimiento poblacional, que también impactará en otros sectores como la sanidad, la educación y los servicios asistenciales.
Además del envejecimiento de la población, la acumulación de deuda y la subida de los tipos de interés incrementarán el peso del gasto público.
La AIReF prevé que el pago de intereses de la deuda estatal represente el 6,9% del PIB en 2070.
Mientras países como Francia y Bélgica destinan más recursos a su sector público, otros como Holanda o Irlanda, mantienen estructuras más reducidas.
España tiene un sector público menos eficiente que otros países europeos con sistemas similares, según el informe de Funcas.
La falta de inversión pública podría limitar el crecimiento a largo plazo, mientras que la alta carga sobre las empresas en cotizaciones reduce su competitividad.
Los expertos advierten que mejorar la eficiencia del gasto es clave para garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar.
Con niveles de deuda y déficit elevados, España es más vulnerable a futuras crisis económicas. La necesidad de afrontar el envejecimiento de la población y la transición ecológica añade presión a las cuentas públicas.
El debate sobre el modelo de gasto público y su sostenibilidad sigue abierto, con previsiones que apuntan a una carga creciente en el presupuesto del Estado en las próximas décadas.
