EDATV Esta es la desorbitada cifra de asesores y enchufados con la que cuenta el Gobierno
Más de 11.000 funcionarios y asesores han sido nombrados por libre designación, vulnerando los principios de mérito y capacidad
El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez cuenta con 11.218 funcionarios y asesores nombrados por libre designación en los 22 ministerios.
Este método de provisión, criticado por el Tribunal Supremo, debería ser restrictivo y excepcional. Sin embargo, se ha convertido en una fórmula recurrente para situar a personal afín en puestos clave, sin necesidad de superar concursos de méritos.
En los ministerios, hay 7.323 funcionarios que accedieron a sus cargos por designación directa. Además, los entes dependientes, como la Agencia Tributaria o el CSIC, cuentan con 3.100 cargos nombrados por criterios subjetivos.
A esto se suman 1.749 vacantes que están diseñadas para ser cubiertas de forma discrecional.
El sistema de libre designación permite acceder a puestos relevantes sin acreditar antigüedad en la Administración. Esta práctica otorga a los designados condiciones laborales y salariales ventajosas, incluyendo sueldos superiores gracias a complementos específicos.
Asesores en Presidencia y otros ministerios
El Gobierno también cuenta con 795 asesores y personal de confianza, según el Registro de Empleados Públicos. Presidencia, con 444 asesores, multiplica por diez el número que tiene el primer ministro británico.
Estas plazas, diseñadas para personal eventual, desaparecen cuando cesa quien realiza el nombramiento.
Los asesores suelen ocupar puestos de nivel 30, el más alto en la Administración española, con salarios superiores a muchos cargos electos.
El Gobierno también cuenta con 795 asesores y personal de confianza, según el Registro de Empleados Públicos. Presidencia, con 444 asesores, multiplica por diez el número que tiene el primer ministro británico. | Europapress
Exteriores, el ministerio con más designaciones
El Ministerio de Exteriores lidera las designaciones a dedo, con un 60% de sus plazas ocupadas por libre designación. Cancilleres, cónsules y operadores de comunicaciones accedieron a sus puestos sin concurso.
Estas decisiones corresponden al ministro José Manuel Albares y otros altos cargos.
Hacienda ocupa el segundo lugar en nombramientos discrecionales, con 945 funcionarios, seguida por Interior (768) y Política Territorial (679).
La mayoría de estos funcionarios tienen nivel 30, aunque también hay niveles 28 y 29, destinados a consejeros y directores.
Los funcionarios designados a dedo suelen percibir complementos específicos que pueden superar los 70.000 euros anuales en algunos casos.
Este plus retribuye la dificultad técnica, dedicación y responsabilidad de los puestos. Sin embargo, las diferencias salariales generan críticas entre quienes acceden mediante concurso.
Procedimientos y críticas judiciales
Aunque la designación discrecional facilita el acceso a los puestos, el cese no es tan sencillo. El Tribunal Supremo exige motivar las razones del cese y garantizar que se cumplen los límites legales.
En varias ocasiones, la Justicia ha anulado nombramientos por falta de justificación suficiente.
Las críticas no se limitan al ámbito estatal. Comunidades como Andalucía también enfrentan sentencias contra colocaciones irregulares.
En muchos casos, estas prácticas datan de gobiernos anteriores, como el de José Antonio Griñán.
Aunque la designación discrecional facilita el acceso a los puestos, el cese no es tan sencillo. El Tribunal Supremo exige motivar las razones del cese y garantizar que se cumplen los límites legales. | Europapress
Un sistema que vulnera la meritocracia
La libre designación pone en cuestión los principios de mérito y capacidad en la Administración. Aunque el concurso de méritos sigue siendo el sistema predominante, el incremento de plazas discrecionales plantea dudas sobre la transparencia y eficiencia del sector público.
La relación de puestos de trabajo refleja un modelo que beneficia a unos pocos en detrimento de una gestión pública más equitativa.
Mientras tanto, las críticas y resoluciones judiciales evidencian la necesidad de una reforma que priorice la meritocracia frente a los intereses políticos.
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