Esta es la denuncia que ha presentado la pareja de Ayuso en el Ayuntamiento de Madrid
González Amador ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos
El caso del piso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dado un giro significativo esta mañana. Según ha informado 'El Debate', González Amador ha presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid ante la Agencia Española de Protección de Datos. El principal motivo de dicha denuncia se debe a la filtración del expediente de las obras en su vivienda.
González Amador afirma en su escrito que ni siquiera él mismo había tenido acceso directo al dossier, a pesar de ser el principal interesado en las reformas de su vivienda. Lo más grave es que este expediente habría sido filtrado a medios de comunicación y a miembros del PSOE y Más Madrid.
Este acto constituye una violación flagrante de la Ley Orgánica de Protección de Datos vigente en nuestro país, ley que protege la seguridad y confidencialidad de los ciudadanos. Las declaraciones de los abogados de Alberto González Amador subrayan que hubo "accesos indebidos" por parte de personas del Consistorio. Quienes consultaron detalles sin tener permiso ni autoridad legal para hacerlo.
Además, afirman que todo esto es una maniobra pública para dañar la imagen de su pareja, Isabel Díaz Ayuso. Por ello, los abogados de González Amador han presentado esta denuncia para que se investiguen detalladamente los hechos relacionados con la supuesta filtración.
Aunque los socialistas madrileños siempre han alegado dificultades para acceder a esta información, los abogados de González Amador ofrecen una versión muy diferente.
González Amador ya se querelló contra la Comunidad de Madrid
Cabe recordar que el TSJM dió luz verde a la querella interpuesta por González Amador, empresario y pareja de Díaz Ayuso. La querella estaba dirigida contra dos fiscales, acusados de presunta revelación de secretos. Al emitir una nota de prensa sobre una investigación particular en curso por supuesto fraude a Hacienda.
La controversia se centró en Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid, y Julián Salto, fiscal de delitos económicos. Ambos fueron puestos bajo la lupa del TSJM, que investigó si cometieron un delito al publicar un comunicado de la Fiscalía de Madrid. Este comunicado informaba sobre la investigación a González Amador por un presunto fraude fiscal de 350.941 euros, además de la propuesta de su abogado para llegar a un acuerdo de conformidad.
El comunicado en cuestión se emitió en marzo, apenas dos días después de que varios medios difundieran noticias sobre la investigación a González Amador. Según el Ministerio Público, la finalidad del comunicado era "aclarar los hechos y responder a la creciente demanda informativa". El tribunal decidió admitir la querella a trámite, a pesar de la oposición de la Fiscalía, que consideró que no había indicios de delito.
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