En un hecho sin precedentes para la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Facultad de Derecho se encuentra en el centro de una polémica. Tras la presentación de una denuncia contra el ex presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien también ejerce como docente en dicha institución.
La denuncia, presentada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, acusa a Fernández de un delito de violencia de género. Lo que ha llevado a los docentes a solicitar su suspensión inmediata.
Denuncia y solicitud de suspensión
El pasado 8 de agosto, el periodista e investigador Fernando Míguez, junto con la abogada Marcela Carmen Scotti. Presentaron una denuncia formal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Mencionando a Alberto Fernández como responsable de actos de violencia de género.
La denuncia ha sido asignada al Juzgado Federal N° 11, bajo la supervisión del juez Julián Escolini y el fiscal Carlos Rivolo.
Ante la gravedad de los hechos, los docentes de la Facultad de Derecho han elevado una solicitud al Decano para que se active el protocolo de la UBA. Que aborda situaciones de acoso, violencia sexual y discriminación.
Este protocolo se aplica cuando una denuncia de este tipo es presentada dentro de la universidad. Y la Facultad de Derecho enfrenta ahora su primer caso que ha llegado a la Justicia.
Protocolo y medidas preventivas
El protocolo de la UBA establece que, ante denuncias de violencia de género. Se deben tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.
En este contexto, los docentes han solicitado que se suspenda de manera preventiva la actividad docente de Alberto Fernández. Y que se imponga una restricción perimetral de 500 metros alrededor de la Facultad de Derecho, hasta que se esclarezcan los hechos.
La solicitud destaca la importancia de proteger a los estudiantes, especialmente a las jóvenes mujeres que asisten diariamente a las clases. La gravedad de la acusación, señalan, justifica la aplicación inmediata de estas medidas para evitar cualquier posible riesgo durante el proceso de investigación.
Este caso ha trascendido las paredes de la universidad y ha generado una amplia repercusión en los medios de comunicación y en la opinión pública. La situación pone en el foco la responsabilidad de las instituciones educativas en la prevención y tratamiento de casos de violencia de género. Especialmente cuando involucran a figuras públicas de alto perfil.
Además, la denuncia contra Alberto Fernández llega en un momento delicado para el ex presidente. Quien enfrenta otras críticas y desafíos en su carrera política y profesional. La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas no solo para su futuro en la UBA, sino también para su imagen pública.
EDATV 
