El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha intentado desvincularse este miércoles de la polémica contratación de Cristina Álvarez. Se trata de la asesora de Moncloa que actuó como secretaria personal de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, durante el periodo investigado por presuntas irregularidades.
El juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso, se trasladó al Palacio de la Moncloa para interrogar a Bolaños en su despacho. Sin embargo, el ministro ha alegado que no recuerda los detalles específicos de la contratación de Álvarez. Esto, argumentando que en esa etapa se realizaron numerosas contrataciones y que él no fue el responsable directo ni el superior jerárquico de la asesora.
Supuestamente, según el medio mencionado, el audio mencionado posee un "ruido rosa"
Bolaños ha defendido la legalidad del contrato, asegurando que la figura de asistente para las esposas de los presidentes del Gobierno es una práctica habitual. Esto, dado que estas suelen recibir invitaciones a actos oficiales que requieren cierta organización.
Supuestamente, el ministro ha destacado que, a diferencia de otras primeras damas, que contaban con varios asistentes, Begoña Gómez solo dispuso de uno. Esta declaración busca minimizar las acusaciones que rodean el caso, aunque no ha frenado el avance de la investigación judicial.
La causa contra Begoña Gómez, que inicialmente se centró en posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha tomado un nuevo rumbo en los últimos meses. El juez Peinado ha abierto una pieza separada para investigar una posible malversación de fondos públicos relacionada con el uso de la asesora para asuntos privados de Gómez.
Además, en octubre pasado, Gómez fue imputada por apropiación indebida e intrusismo profesional, tras quedarse con un software desarrollado para el máster que dirigía. La imputación de Cristina Álvarez, la asesora, refuerza la línea de investigación que apunta al corazón de Moncloa.
Este nuevo capítulo amplía el escándalo, que amenaza con salpicar a más figuras del entorno gubernamental. Por ahora, el juez Peinado continúa recabando pruebas, mientras la presión sobre el Ejecutivo crece ante las implicaciones políticas y judiciales del caso.
