La decisión del Supremo que pondría en la diana a cuatro altos cargos socialistas

El polémico caso de la filtración de los datos personales de Alberto González Amador, pareja de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cierra el cerco al PSOE. El caso del empresario que ha llevado al fiscal general del Estado al banquillo como imputado, también salpica a varios altos cargos del Partido Socialista. Entre estos, el Secretario de Organización y número dos del partido, Santos Cerdán, un nombre muy sonado estos días en varios escándalos. 

González Amador ha solicitado al magistrado que lleva la investigación que contacte con cuatro compañías telefónicas para solicitar "todos los datos" que hayan podido guardar sobre Santos Cerdán. La defensa de González Amador considera que esta información es crucial para la investigación, por esto, solicita que no se borren sus comunicaciones, por la relevancia de los esos datos. Además de esto, subrayan que Cerdán no es el único, señalan a otros siete socialistas más. 

Entre los que más destacan está la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera; y el Director de Comunicación del PSOE, Ion Fernando Antolín. También el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés Vives; y la directora del gabinete de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espadas.  

Según El Confidencial, la misma petición que se hizo para estos cargos del PSOE, también incluye los datos acumulados en otras líneas telefónicas del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Asimismo, también del teniente fiscal de la Secretaría Técnica del Ministerio Público, Diego Villafañe, y de la responsable de comunicación, Mar Hedo.

El abogado de Amador solicita la conservación de los datos después de conocerse, tras una investigación de la UCO, que García Ortiz borró hasta en dos ocasiones sus mensajes de WhatsApp. Esto, el mismo día que se abrió la investigación en su contra por presunto delito de revelación de secretos. 

El paso clave de la UCO que pone a temblar a García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, atraviesa un camino judicial bastante escabroso. Los investigadores de la Guardia Civil han determinado que el fiscal imputado borró información clave de su teléfono móvil y, también, que García Ortiz, supuestamente, se deshizo de algunos dispositivos. 

El juez Ángel Hurtado ordena nuevas diligencias para localizar los móviles desechados del fiscal general. El magistrado del Tribunal Supremo continúa la búsqueda de las comunicaciones desaparecidas del fiscal general del Estado. Esto, en el marco de la investigación por revelación de secretos que afecta al novio de Isabel Díaz Ayuso.

Este lunes, dictó un nuevo auto en el que señala un nuevo paso clave. Además de no encontrarse los mensajes de WhatsApp ni los correos electrónicos requeridos por la UCO de la Guardia Civil, tampoco han aparecido los dispositivos móviles que Álvaro García Ortiz desechó. Esto, tras realizar cambios de terminal.

Ante esta situación, y a petición de la pareja de la presidenta madrileña, el juez ha ordenado nuevas diligencias para intentar recuperar esos aparatos.

En concreto, ha solicitado al área encargada de los dispositivos móviles de los ministerios de  Presidencia, Justicia y Hacienda la entrega de los teléfonos de García Ortiz. En particular, los que haya devuelto desde el 7 de marzo de 2024. La fecha en la que la Fiscalía General recibió el primer informe sobre la investigación por presuntos delitos fiscales del novio de Ayuso.

El magistrado pide que tanto Justicia como Hacienda faciliten a los agentes los dispositivos entregados por desuso o por anteriores renovaciones, abarcando así casi un año de cambios de terminal. No es la primera vez que se intenta esclarecer este asunto. En enero, Hurtado ya había requerido información a la sección de informática de la Fiscalía, pero la respuesta obtenida no resolvió sus dudas.